La Corte Constitucional le ordenó a la Unidad Nacional de Protección tramitar las solicitudes de líderes sociales y defensores de derechos humanos sin ningún tipo de dilación. 

El alto tribunal lo determinó así luego de analizar el caso de un defensor de derechos humanos en Cesar, cuyo estudio de riesgo se demoró más de cuatro meses y se efectuó solo hasta que el afectado entuteló. 

La Sala Quinta de la Corte determinó que el afectado, quien previamente había sido víctima de desplazamiento forzado y hace presencia en una antigua zona veredal transitoria de normalización, había solicitado protección el 17 de marzo del 2017, siendo notificado por la UNP del recibo de la petición cuatro días después, cuando también inició el estudio de riesgo, pero pasó un mes sin que se le diera ninguna respuesta. 

Por tal motivo instauró una tutela que fue fallada en su favor el 21 de junio del mismo año por el juzgado Séptimo Administrativo de Valledupar y posteriormente, cuando la UNP fue notificada del recurso, vino a realizar la entrevista al defensor para que firmara el consentimiento para realizar el estudio de riesgo. Estos trámites fueron los que hicieron que solo hasta el 18 de septiembre la UNP expidiera una resolución con la cual decidió adoptar recomendaciones emitidas por el Comité de Evaluación del Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem). 

“Lo expuesto demuestra una tardanza de casi cuatro meses entre el momento en que el accionante elevó su solicitud y el momento en que la UNP realizó la entrevista en la cual firmó el consentimiento para el estudio del nivel de riesgo; consentimiento que, según informó la UNP, implicaría el inicio del plazo de 30 días hábiles destinados tan solo para la etapa de evaluación de riesgo y recomendación de medidas por parte del Grupo de Valoración Preliminar GVP. De modo que, la UNP tardó seis meses para dar respuesta definitiva a la solicitud del demandante”, explicó la Corte en su decisión.