Las objeciones que hizo el presidente Iván Duque a la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), estarán en manos del Congreso de la República, luego de que la Corte Constitucional se abstuvo de pronunciarse frente al tema.

La decisión que tomaron los nueve magistrados de la corporación, en cabeza de Gloria Ortiz, fue declararse inhibidos para conocer del proceso que se surte por los seis artículos que objetó el jefe de Estado de los 159 que tiene la normativa.

La determinación se dio luego de que el despacho de la presidenta recibiera una misiva por parte del presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Chacón, quien pidió que precisara si la corporación que preside es o no competente para estudiar las objeciones del Presidente de la República.

La decisión de declararse inhibida correspondió a la ponencia del magistrado Alfonso José Lizarazo, quien consideró que esta era la mejor opción, por cuanto se debe surtir el mismo proceso de fast track como pasó en el resto del proyecto que no fue objetado.

En su intervención explicó que “cuando un presidente pone objeciones a un proyecto de ley, se devuelve en el procedimiento, se retrotrae al segundo debate (en el Congreso) y entonces se inicia de nuevo el debate con relación a las normas que fueron objetadas. En este caso, el procedimiento de las objeciones no ha concluido, porque se regreso al segundo debate, por lo tanto la competencia de la Corte solo se activa cuando se surte de nuevo el procedimiento”.

El ponente explicó que el trámite de las objeciones se debe llevar a cabo en una sola legislatura, por lo que se prevé que el 20 de junio de este año culmine tal procedimiento, esto debido a que la legislatura culmina en esa fecha.

Por otro lado, reiteró que si bien no habrá pronunciamiento alguno hasta tanto no se surta el proceso en el Congreso de la República, dejó claro que la Corte es competente y conocerá de las determinaciones que finalmente se logren en el legislativo.

“La Corte es competente para ejercer control de constitucionalidad respecto de las modificaciones, adiciones o supresiones, e incluso del archivo total o parcial del proyecto de Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz, como consecuencia del trámite de las objeciones gubernamentales formuladas contra dicho proyecto”, explicó la providencia de seis páginas.

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No apoyan las objeciones 

Al respecto se había pronunciado ya el expresidente de Colombia y jefe del liberalismo, César Gaviria Trujillo, quien ha insistido al gobierno en retirar las objeciones para no acabar con el acuerdo de Paz.

“Quizá Duque cree que mostrándose guerrerista, usando la fuerza, acabando con el acuerdo de paz sube en las encuestas, nada más equivocado”, sostuvo el expresidente Gaviria.

 Añadió que el Partido Liberal ratificó que respalda plenamente el funcionamiento de la JEP como escenario para que se sepa toda la verdad del conflicto, además para que las víctimas tengan derecho a la reparación, como también pidió absoluto “respeto por la integridad y los fallos de la Corte Constitucional”.

 Por su parte, el presidente del partido de la U, Aurelio Iragorri, dijo que luego de una serie de reuniones que sostuvo la bancada con el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, y la presidente de la JEP, Patricia Linares, entre otros, esa colectividad anunció que no acompañará al gobierno en las objeciones.

 “Debemos ayudarle al Presidente de la República en la construcción de la paz, en ese sentido debemos no aceptar las objeciones, porque consideramos que ese no es el camino correcto para hacer algunas observaciones al proceso de paz. Hay otros caminos como presentar el acto legislativo, que se podrá hacer con el concurso de todos los partidos en temas en que estamos de acuerdo”, declaró Iragorri.

 Fue enfático en que “por el bien del país, por la estabilidad del proceso, el mejor camino es que el Congreso en su sabiduría debe rechazar dichas objeciones y trasladar al presidente para que proceda a sancionar dicha ley estatutaria”.