Es investigado por irregularidades en la contratación que se llevó a cabo en el Hospital Militar.
Corte niega preclusión de investigación contra comandante del Ejército
La Corte Suprema de Justicia negó la preclusión de la investigación que pesa en contra del comandante del Ejército, general Ricardo Gómez Nieto, investigado por las presuntas irregularidades en la contratación que se llevó a cabo en el Hospital Militar en mayo de 2010.
El alto oficial es investigado por la contratación irregular que se realizó entre el centro asistencial y Patricia Riveros Gaitán, ciudadana que según lo que explicó el magistrado Ramiro Alfonso Marín, de la Sala Especial de la Corte Suprema de Justicia, estaba inhabilitada para ejercer cargos públicos debido a un fallo en su contra por abuso de confianza.
En audiencia pública las partes explicaron que la contratación fue hecha mientras el oficial fungía como director del Hospital Militar. Para la corporación, Gómez Nieto habría hecho caso omiso a los informes que se encontraban en la página web de la Procuraduría en donde anunciaban la inhabilidad de la mujer.
“La contratista Patricia Riveros Gaitán tiene una sentencia condenatoria en su contra por el juzgado 35 penal emitida en febrero 16 de 2009, por el delito de abuso de confianza en la que además de la sanción privativa por 12 meses, también se dijo que no podía tener contratación con el Estado entre marzo de 2009 y marzo de 2014”, explicó el magistrado.
Pese a esto, el oficial habría sostenido reuniones con un procurador delegado y la contratista para verificar la situación y dar vía libre en la contratación. Días después del encuentro el oficial recibió un informe en el que el procurador mencionaba que podía continuar con la contratación.
“Téngase en cuenta que tan solo 12 días después se recibió un oficio de un procurador, el oficio dirigido a Gómez Nieto en el que decía: -analizando que no existe ningún antecedente probatorio a la fecha que condene a la señora Giomar Patricia Riveros Gaitán, esta procuraduría avala que no existe ningún inhabilidad para que la señora contrate con ustedes o alguna entidad del Estado”, dijo el magistrado.
Para sala es evidente que aún existen pruebas que no se conocen por tal despacho, por lo que determinó hacer caso omiso a las pretensiones de la Procuraduría y la Fiscalía.
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