La Sala Plena de la Corte Constitucional estudiará tres procesos de tutela en los que 106 mujeres que pertenecían al programa de Madres Comunitarias formularon acciones judiciales contra el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Departamento Administrativo para la Prosperidad por vulneración de sus derechos.

En sus misivas, las madres comunitarias consideraron que se vulneraron los derechos igualdad, seguridad social, dignidad humana, mínimo vital y al trabajo, esto luego de que se les negara pagar los aportes pensionales y las acreencias laborales causadas, en razón de la prestación de labores de cuidado de menores en diferentes partes del país.

Será el magistrado Alberto Rojas Ríos quien estudie los procesos y exponga ante la Sala Plena sus argumentos. 

En razón a esto, se debe tener en cuenta que la Corte dejó claro el pasado miércoles que las madres comunitarias deberán pagar el 20 % de aportes para obtener su pensión.

Tal determinación fue acogida en Sala Plena bajo la ponencia del magistrado José Francisco Reyes, quien señaló que no existe obligación para la entidad en cuanto al reconocimiento de pensiones por el carácter voluntario de la labor que ejercen.

Bajo este precedente, este miércoles, la Sala Plena de la Corte Constitucional determinará si avala o no los argumentos presentados por las demandantes, quienes en más de una ocasión han llegado hasta el Palacio de Justicia para ser escuchadas.

Condenado Álvaro Dávila

Por otra parte, a 19 años de prisión fue condenado el excontratista Álvaro Dávila, dentro del expediente del ‘Carrusel de la contratación’, el entramado de corrupción de Bogotá que involucró a concejales y al alcalde de entonces, Samuel Moreno. Concierto para delinquir e interés indebido en celebración de contratos son los delitos por los que fue sentenciado.

Durante la etapa de juicio, la Fiscalía manifestó ante el estrado que Dávila estructuró los negocios contractuales, elaboró contratos de prestación de servicios profesionales y convino las denominadas comisiones de éxito con destino a los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas y demás funcionarios.

En audiencias anteriores, la juez manifestó que en el delito de interés indebido en la celebración de contratos, el hoy condenado sirvió como interviniente en la realización del hecho sirviendo como puente entre los Moreno Rojas y los Nule para lograr la adjudicación de cuatro contratos.