La Sala Plena de la Corte Constitucional avaló el Decreto Ley 831, con el cual el Gobierno les otorgó a los extranjeros que hacen parte de las filas de las Farc una visa de residencia especial. 

Se trata de la visa de Residente Especial de Paz, que se otorga a los guerrilleros extranjeros que estén en los listados entregados por esa guerrilla y verificados por el Gobierno, una vez terminado el proceso de dejación de armas y tránsito a la legalidad, si pretenden establecerse en el país de manera indefinida. 

Dicha visa le permite a la persona beneficiada trabajar y puede extenderse al compañero permanente y a los hijos menores de 25 años. 

La Sala Plena avaló 8 a 1, salvó voto la magistrada Gloria Ortiz, la ponencia de la magistrada Cristina Pardo, quien argumentaba que el decreto cumple con los requisitos de conexidad con el Acuerdo de Paz. 

En este caso, el procurador Fernando Carrillo había pedido tumbar el decreto, por considerar que ese requisito de conexidad no se cumplía, pues en el Acuerdo de Paz no se se pactó nada relacionado con el visado para los miembros extranjeros de las Farc. 

“En el marco del Acuerdo Final no fue una necesidad esencial la de verificar y regular la permanencia de los extranjeros en el territorio colombiano (…) No se realiza un acápite donde se trata con especificad el tema de los extranjeros excombatientes pertenecientes a las Farc-EP”, dijo Carrillo en concepto enviado a la Corte. 

En su intervención ante la Corte, el Gobierno Nacional aseguró que se quiso resguardar la estabilidad en el tiempo de este nuevo sistema de visado, para garantizar a los excombatientes de las Farc extranjeros “un mayor nivel de seguridad jurídica para la regularización de su situación migratoria”. 

“Sólo una norma de rango de ley, expedida en ejercicio de facultades directamente vinculadas al proceso de paz, les puede otorgar esa seguridad jurídica que, además, contribuye a estabilizar el desenvolvimiento de este proceso”, señaló el Gobierno.