La decisión del tribunal amplía la vigencia, que se vence en 2021. Se deberán garantizar los derechos de las víctimas incluso después de su vencimiento.

La decisión del alto tribunal se conoce de manera completa, pero los magistrados discutieron sobre este tema después de que aceptaron una demanda interpuesta por los exministros del Interior Juan Fernando Cristo y Guillermo Rivera.

Cristo había señalado que la extinción de la ley generaría un retroceso en las garantías de las personas que fueron desplazadas forzosamente de su territorio.

En esos días, cuando presentó la demanda, el exministro resaltó que esa ley es la política pública más ambiciosa que hay en el país en relación a la reparación de las víctimas.

“Si está ley pierde vigencia por expiración de 10 años, el país enfrentaría retroceso los derechos de las víctimas 8 millones de víctimas, además desaparecería la Unidad y Registro de Víctimas y esta institución está hecha para garantizar los derechos las víctimas”, argumentó en su momento Cristo ante el magistrado José Fernando Reyes Cuartas.