En medio de los rumores sobre las decisiones que el Ejecutivo tomaría para solucionar de una buena vez la crisis en La Guajira, la Corte Constitucional ordenó este martes la realización de una inspección judicial en el departamento, para verificar de primera mano la situación sobre falta de atención en salud, falta de acceso al agua potable y a alimentos por parte de los niños del Pueblo Wayúu.

Una comisión de la Corte realizará entre el 20 y el 22 de febrero audiencias e inspecciones judiciales en distintos sectores, en cabeza de los magistrados Aquiles Arrieta Gómez, Alberto Rojas Ríos, Alejandro Linares Cantillo y Jorge Iván Palacio Palacio.

La visita iniciará en Puerto Estrella, donde los magistrados inspeccionarán el estado de la planta desalinizadora de esta localidad y realizarán una primera audiencia pública con los palabreros (putchipü) de la zona.

Posteriormente, los Magistrados realizarán inspecciones judiciales de las instalaciones del Centro Zonal del ICBF y del Hospital de Nazareth. Luego, se hará una audiencia pública en Tawaira con las autoridades tradicionales de la zona.

Para estas diligencias se contará con el acompañamiento de la Asociación de Jefes Familiares Wayúu de la Zona Norte de la Alta Guajira Wayuu Araurayu.

El martes 21 de febrero, el despacho del magistrado Aquiles Arrieta Gómez, continuará hacia la comunidad de Zucaramana, cerca a Bahía Portete, y posteriormente, en horas de la tarde, visitará comunidades cercanas al municipio de Manaure. En esta última diligencia se contará con el acompañamiento del Consejo Superior de Palabreros.

Por último, el miércoles 22 de febrero de 2017 la Corte visitará comunidades cercanas a Riohacha, y a partir de las 2:30 de la tarde realizará una audiencia pública en el Centro Cultural de Riohacha.

A todas estas diligencias están citadas la Presidencia de la República, los ministerios de Salud, del Interior, de Vivienda, de Ambiente y de Agricultura; así como el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el ICBF, la Superintendencia de Salud, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, las autoridades de La Guajira, Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia; la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.

Estas diligencias judiciales se ordenaron en el marco del estudio de una tutela que presentó Elson Rafael Rodríguez Beltrán en contra de varias entidades, en donde reclama que se tomen medidas urgentes, de emergencia y prioritarias para proteger a los niños wayúu ante el incremento de casos de muertes por desnutrición.

Esta tutela es apoyada por la ONG Dejusticia, la Organización Nacional Indígena (ONIC) y 16 autoridades del pueblo indígena Wayúu, que solicitaron igualmente que se decretara la existencia de un estado de cosas inconstitucionales en La Guajira, es decir, que se afirmara que existe allí una crisis institucional profunda.

En este caso ya el Tribunal Superior de Bogotá y la Corte Suprema de Justicia fallaron a favor de los demandantes, quienes reclaman acciones por 266 muertes entre 2015 y 2016 por desnutrición en las comunidades de Uribia, Manaure, Riohacha y Maicao del pueblo Wayúu y por la misma, se la había ordenado desde agosto pasado a la Presidencia de la República que trazara un plan especial para el departamento, con un organigrama con tiempos razonables y reales para la materialización de cada una de las etapas que al efecto corresponda adoptar.

Igualmente, se le había ordenado al Ministerio de Ambiente desarrollar acciones para prevenir el riesgo ecológico de la desaparición de las fuentes hídricas de esa región, para proveer el acceso al agua potable, y al Ministerio de Agricultura “que brinde ayuda en el trazo e impulso de propuestas para la optimización del desarrollo del sector agropecuario, pesquero y rural, comoquiera que parte del arreglo de la problemática presentada no es solamente brindar alimentos sino parejamente posibilitar el hallazgo y mejoría en los procesos que se necesitan para su permanente obtención”.

Como todas las tutelas pueden ser revisadas por la Corte Constitucional, el caso llegó al despacho del magistrado Aquiles Arrieta, quien ordenó las inspecciones para recoger pruebas y poder fallar.

No obstante, ya la Corte Constitucional, en fallo de octubre de 2016, había dado un plazo de un año para superar la crisis humanitaria de esa comunidad porque, a pesar de algunas medidas adoptadas por el Ejecutivo, "la situación de desprotección de los niños Wayúu persiste, y no se evidencian resultados contundentes que permitan decir que esa situación está superada".

"A pesar de formularse políticas nacionales más ambiciosas, si no están acompañadas por una gestión eficaz, no se conseguirá un beneficio para las comunidades necesitadas", dijo la Corte en ese momento, al cuestionar que no recibió de parte del Gobierno las estadísticas adecuadas sobre el pueblo Wayúu.

A esta determinación se suma una del viernes pasado del Tribunal Superior de Bogotá, que le pidió al presidente Juan Manuel Santos responder el derecho de petición radicado por la abogada Carolina Sáchica, quien solicitó declarar el estado de excepción en La Guajira, teniendo en cuenta la situación de emergencia social, económica y ecológica que se registra en el departamento.

Con la determinación del Tribunal, el Presidente, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, o algún servidor público que designe el Gobierno, debe pronunciarse de fondo sobre la solicitud de Sáchica, radicada ante el Ejecutivo, lo que se espera sea esta semana.

Para Sáchica el Gobierno debe declarar un estado de excepción en La Guajira, ante la situación que enfrentan comunidades vulnerables, como la Wayúu, en la cual se han presentado muertes por desnutrición de niños, de madres gestantes y adultos mayores.

Todo este escenario tiene como agravante, que los últimos mandatarios del departamento, incluido el actual, Wilmer González Brito, están siendo investigados.