La Sala Plena de la Corte Constitucional no logró este miércoles una decisión en torno a si permite de nuevo la aspersión aérea con glifosato en cultivos de hoja de coca, luego de la solicitud que hizo el Gobierno para la reanudación del programa de erradicación de los cultivos ilícitos.

Aunque desde el Gobierno daban como perdida esa pelea y que el máximo tribunal en lo Constitucional denegaría las pretensiones gubernamentales, no fue tan así. 

Los intentos por proferir una decisión se estancaron en discusiones durante toda la jornada que se inició a las 9:00 a.m.

La ponencia que se discute es la del magistrado Alberto Rojas quien aboga porque se mantenga la prohibición de la aspersión bajo esta modalidad. 

Sin embargo, los togados no llegaron a un acuerdo, las posturas estarían divididas y son cuatro magistrados los que acompañan a Rojas y otros cuatro que no.

De continuar ese empate (llamado así pese a que aún no hay votación oficial) el paso a seguir es llamar a un conjuez, medida que se hace mediante un sorteo. El elegido tendría unos 15 días para estudiar los puntos de vista, se convoca a una nueva sala plena y se conocería la decisión.

Lograr la aprobación del herbicida ha sido una de las propuestas más insistentes del Gobierno Duque que insiste en que es la única manera de frenar el avance de cultivos de coca ya que la erradicación manual ha costado la vida de militares que caen en los campos minados instalados por capos del narcotráfico para proteger sus sembradíos.

El tema ha estado en la carpeta de la Corte desde marzo pasado cuando el alto tribunal convocó a una audiencia pública en la que escuchó tanto al Gobierno como voces académicas que expusieron sus puntos de vista a favor y en contra de retomar las aspersiones con el químico. 

La sesión se citó como parte del seguimiento a la sentencia de una tutela de 2017 que evidenció la afectación a la que se veían expuestas las comunidades afrodescendientes e indígenas de Nóvita (Chocó) si se reanudaba la aspersión aérea con el herbicida. 

La tutela fue promovida por el personero del mencionado municipio, quien buscó que se ampararan los derechos a la consulta previa, a la salud, a la identidad cultural y étnica y a la libre determinación de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

Mientras en la Corte se debatía el tema, Lorenzo Guillermo Botero, ministro de Defensa, continuaba su férrea defensa del químico. 

Esta vez lo hizo desde Agroexpo donde enfatizó que “al glifosato lo están satanizando. Es un herbicida utilizado en los campos colombianos, es más económico y multipropósito”.

La teoría de Botero Nieto apunta a que el herbicida es el más barato, ataca tanto la hoja ancha como la angosta en los cultivos. “Eso es con lo que trabaja el campo colombiano. Eso no es ningún descubrimiento raro, acá se viene fumigando dos veces al año en la inmensa mayoría de los cultivos con glifosato. Debemos tener ese instrumento para asperjar”, añadió

Según las cuentas del jefe de la cartera, en este Gobierno han fallecido 11 personas por cuenta de las minas antipersonal y por lo menos 80 heridos por estos mismos artefactos.