Con una votación de siete a favor y dos en contra, la Corte Constitucional le dio aval al decreto 417 del 17 de mayo, emitido por el Gobierno Nacional, que establece el Estado de Emergencia Social y Económica en el país, por cuenta de la pandemia de COVID-19, que ya deja más de 16.000 afectados.

La determinación de la corte es la primera que debe tomar sobre más de 70 decretos que hoy reposan en los despachos de los magistrados, quienes deben con sus ponencias, establecer los controles de constitucionalidad, y con ellos garantizar que no existan excesos en cuanto a las medidas que se toman y sobre todo no vulnerar los derechos humanos de los colombianos.

El estudio de este decreto estaba, precisamente, en poder del magistrado José Fernando Reyes quien puso en consideración de la Sala Plena Virtual su postura favorable, avalada en los conceptos que recibió del Gobierno Nacional, la Procuraduría y otras entidades.

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Los argumentos de Reyes estuvieron basados en que la emergencia decretada por el Gobierno está enmarcada en una crisis mundial en materia de salud, y que la declaratoria de la emergencia fue necesaria para salvaguardar la salud y la vida de los colombianos.

La Procuraduría en el concepto emitido, le había solicitado al alto tribunal que diera el aval al decreto, lo mismo ocurrió con otras organizaciones de orden nacional. En la decisión se registraron dos salvamentos parciales de voto y una aclaración.

A esta hora la Sala Plena Virtual avanza a la espera de que se concrete decisión sobre el decreto que dicta medidas al Invima en el marco de la pandemia generada a nivel mundial.