La Corte Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad contra el numeral 6 del artículo 140 de la Ley 1801 de 2016, por el cual se expide el Código Nacional de Policía y Convivencia.

La determinación de la Corte se registró tras el estudio de una acción que interpusieron Alejandro Badillo Rodríguez, Laura Lizeth Muñoz Gutiérrez, Joseph Salom Gómez y María Camila Muñoz Bustos. 

A juicio de los demandantes, con esta acción, que no es otra que promover o facilitar el uso u ocupación del espacio público en violación de las normas y jurisprudencia constitucional vigente, se está “criminalizando las ventas informales”. 

“Una clara violación a derechos fundamentales como el trabajo, igualdad de trato ante la ley, libertad y libre desarrollo de la personalidad”, argumentaron.

En su informe hicieron mención a las cifras que entregó el Dane: “la proporción de ocupados informales en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 47,5 % para el trimestre octubre-diciembre de 2016. Para el total de las 23 ciudades y áreas metropolitanas fue 48,7 %, lo que refleja no solo un alto grado de informalidad, sino su situación de precariedad”.

Bajo ese entendido, la Corte determinó aceptar la demanda por cuanto la argumentación presentada es comprensible, son ciertos, porque se dirigen contra proposiciones jurídicas que se desprenden de las disposiciones acusadas y son pertinentes, en tanto su cuestionamiento es de rango constitucional. 

El alto tribunal confirmó que hay dos demandas sobre dicho artículo, pero esta es la primera aceptada.