El contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, hizo una alerta sobre la estrategia que estaría utilizando el grupo Prodeco S.A., para evadir su responsabilidad fiscal por 60.023 millones de pesos que debía pagar a la Nación por cuenta de un detrimento patrimonial. 

“La institucionalidad del control fiscal se ha visto afectada por nuevos riesgos frente a su ejercicio constitucional y legal y uno de ellos es consecuencia del mal uso de instrumentos de protección a la inversión extranjera, como los tratados internacionales de libre comercio”, indicó Córdoba. 

De acuerdo con el jefe del organismo de control, las empresas que han sido declaradas responsables fiscales han buscado ampararse en estos tratados para evadir las decisiones de los órganos del control fiscal, desconociendo el ordenamiento jurídico del país e introduciendo al Estado colombiano en acciones de carácter internacional que no tendrían cabida en este tipo de litigios. 

El proceso con esta compañía minera, propiedad de la multinacional suiza Glencore, inició luego de que la Contraloría, en un auto del 21 de agosto de 2015 y de segunda instancia, confirmara su responsabilidad en un daño patrimonial por 60.023 millones de pesos por cuenta de unas irregularidades en el pago de regalías por la explotación de la mina de carbón 'Calenturitas', ubicada en el departamento del Cesar. 

“El daño patrimonial se produjo al modificar un contrato de gran minería, con el cual se disminuyeron las regalías y otras contra prestaciones económicas que venía recibiendo el Estado colombiano, recursos públicos con los cuales se atienden las necesidades básicas de las poblaciones más vulnerables del país”, indicó la Contraloría. 

En ese sentido, esta compañía demandó ante Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) y ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca el fallo de responsabilidad fiscal, buscando en este último una acción de nulidad y restablecimiento del derecho frente a la decisión de la Contraloría. 

“En los próximos días en el seno del CIADI, institución del Banco Mundial dedicada al arreglo de diferencias relativas a inversiones internacionales, se proferirá una importante decisión en el caso Prodeco- Glencore. La Contraloría considera el tema de la mayor importancia, por las implicaciones no sólo económicas, jurídicas y de soberanía del Estado colombiano, sino también de sus instituciones que no pueden ver soslayadas sus facultades constitucionales y legales a propósito de posibles demandas internacionales”, indicó Córdoba.