En una circular publicada por el contralor General de la Nación, Carlos Felipe Córdoba, se evidenciaron cuáles serán las acciones que se implementarán para controlar y usar los recursos destinados a la emergencia sanitaria  por el COVID-19.

En el documento,  se anunciaron las estrategias primordiales orientadas a mejorar las condiciones de los servidores públicos.

La primera, destinada a entidades públicas, del orden nacional y territorial, las cuales deben reportar los actos administrativos, contratos y demás actuaciones que se realicen a causa de la pandemia.

En este reporte, tendrán que hacer una discriminación de los recursos, las fuentes utilizadas y las acciones a desarrollar, así como los contratos suscritos en el marco del Plan de Intervenciones Colectivas –PIC.

La segunda, a ministros, gobernadores, alcaldes y ordenadores quienes deberán informar de los gastos a ejecutar durante este periodo de asentamiento obligatorio en el país.

En la página web de la Contraloría (https://www.contraloria.gov.co/contraloria), se reportarán los actos administrativos, contratos y demás actuaciones.

Finalmente, la Contraloría lanzó unas  recomendaciones en las que puntualiza la verificación de los hechos y circunstancias de urgencia, según las causales señaladas para el efecto en la Ley 80 de 1993 (artículo 42),  así como la elaboración de estudios previos y la celebración de un contrato por escrito para mejorar la declaración del uso de los recursos.

De igual forma, la Contraloría pide a los remitidos de la circular determinar la idoneidad de los contratos, cuando los servicios a prestar o las obras a realizar impliquen un grado de complejidad, responsabilidad social, manejo de información reservada o de seguridad.

Carlos Felipe Córdoba aconsejó a las autoridades competentes a elaborar informes sobre las acciones prestadas, en los que se evidencie las circunstancias, conceptos o análisis llevados a cabo por la emergencia, para garantizar la transparencia en el proceso.

Con los 145 casos de coronavirus reportados en el país, la Contraloría General de la Nación quiere evitar posibles actos de corrupción de funcionarios y o particulares, incluyendo a proveedores del mercado.