La Contraloría General de la República, presentó un informe con seis hallazgos fiscales de $1.776.844.415. en la implementación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el Norte de Santander.

“Para el segundo semestre de la vigencia 2015 se desarrolló una actuación especial sobre los recursos públicos para el Programa de Alimentación Escolar, en el departamento Norte de Santander, arrojando once hallazgos con connotación disciplinaria, de los cuales 6 con incidencia fiscal por $1.776.844.415.”, detalló el informe de rendición de cuentas de la Contraloría General de la República en Norte de Santander. 

Los escándalos de corrupción y fallas en los PAE han reventado en todo el país. En el departamento de Santander, el informe de la Contraloría contiene siete hallazgos por $8.461.000.000 En este departamento se han evidenciado pagos de raciones alimentarias por mayores valores a los que reconoce el Ministerio de Educación y los hallazgos con presunta incidencia fiscal se dan en el Programa Nutre Santander, Puerto Wilches, Sabana de Torres y Bucaramanga.

Entre los hallazgos destacan el de mayor valor en la ración contratada – contrato de suministro 3381 – 2015 del Programa Nutre Santander, por 3.923.000.000 de pesos  y el Contrato 19 de 2015 por la mayor cifra en contratación en Bucaramanga, que asciende a $3.483.000.000. 

Huila

Según explicó la contraloría, Huila es el segundo departamento con hallazgos fiscales por $7.761.000.000. 

Allí se evidenciaron irregularidades en sobreprecios de las raciones,  pagadas pero no entregadas y concentración de contratos en manos de pocos oferentes.

Boyacá 

En cuanto a Boyacá, la Contraloría tramita doce procesos de responsabilidad fiscal por 285.000.000 de pesos, originados en la Actuación Especial realizada al PAE correspondiente a los municipios de Chiquinquirá, Duitama, Puerto Boyacá, Sogamoso y Tunja. 

La Contraloría también adelanta actuaciones administrativas en el Vichada, donde se avanza en una indagación preliminar para establecer si imputa responsabilidad fiscal por un presunto detrimento patrimonial de $4.922.000.000 millones originado en irregularidades en los PAE.