Pagos de indemnizaciones y ayudas humanitarias  para víctimas fueron entregados de manera indebida a terceras personas, revela Auditoría de Cumplimiento de la Contraloría General de la República la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV).

Muchos bienes recibidos por el Fondo de Reparación para las Víctimas en el marco de los procesos de Justicia y Paz, no pertenecían a los victimarios, por lo que han tenido que restituirse.  Además, en una auditoría financiera, se encontró que la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas llevó a su pasivo una suma cercana a los 1,5 billones de pesos, cuando la misma, de acuerdo con las sentencias de Justicia y Paz, debe ser pagada por los victimarios y no por el Estado de manera directa.  

Estos presuntos hallazgos de carácter fiscal, fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.  

La CGR encontró además debilidades en la administración de los bienes destinados a la reparación de las víctimas por parte de la UARIV, donde se destacan las referidas al manejo de los proyectos productivos, que han mostrado una escasa rentabilidad, acumulando en algunos casos pérdidas que se acercan a los $2.000 millones de pesos.  

Así mismo, el organismo de control advirtió que muchos de los bienes que fueron recibidos por el Fondo de Reparación para las Víctimas (FRV) no pertenecían a los victimarios, por lo que han debido restituirse. Se trata de 70 inmuebles que habían sido entregados por los Bloques: Cacique Nutibara de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Uraba (ACCU), la Casa Castaño y Tolima de las ACCU, con lo que se evidencian las debilidades del sometimiento a la Ley de Justicia y Paz.  

También se encontró que de los 1.027 inmuebles bajo custodia del Fondo, el 58%, en su mayoría rurales, se encontraban sin administración y por tanto con riesgo de pérdida en su vocación reparadora.

Las principales causas que impiden la debida administración son: ocupaciones no autorizadas (47%), minería ilegal o improductividad (9%), orden público y difícil acceso (7%) y otras variables (36%).

La Auditoría de Cumplimiento a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas detectó 22 hallazgos, cinco de ellos con presunta incidencia disciplinaria, dos de con alcance fiscal y 1 de carácter penal.  

Dentro de dicha auditoría, que recayó de manera especial en el manejo de las indemnizaciones destinadas a las víctimas, la CGR emitió concepto de ‘Incumplimiento material – Con reserva’.

Advirtió la Contraloría que se hace necesario mejorar los sistemas de información en la entidad, para lograr mayores controles y reducir los riesgos de otorgar pagos de asistencia, atención humanitaria e indemnizaciones a quien no corresponde.  

Así mismo llamó la atención acerca de la necesidad de mejorar las herramientas legales y financieras para sanear física, económica, jurídica y fiscalmente los inmuebles que hacen parte del Fondo de Reparación para mantener su ‘vocación reparadora’, es decir, que puedan servir para ser entregados como reparación a las víctimas o ser monetizados para pagar indemnizaciones.  

Se destacó, también, la existencia de incoherencias en el registro de solicitudes formuladas por las víctimas, lo que causa incertidumbre acerca de la gestión institucional de la entidad en el último año.