El Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, dijo este jueves que está dispuesto a interponer una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 20 de la Ley de Infraestructura, para evitar que el Estado colombiano termine pagando a Odebrecht los sobornos que rapartió en Colombia esta  multinacional.

Asimismo calificó este pronunciamiento como “un sacrilegio de la mayor indignidad”, dado que ampara nulidades absolutas por objeto o causa ilícita, y puede llevar a reconocer los gastos en sobornos o pagos indebidos.

También recordó que al inicio de trámite del proyecto, él mismo había señalado por escrito la inconveniencia de esa disposición al presidente de la Cámara de Representantes.

“En el caso de Odebrecht, el Estado tiene que pagarle el soborno que cobró al contratista. Eso sale de las arcas del Estado y eso no es posible y se lo dije al ministro”, recalcó.

También precisó que esta acción de inconstitucionalidad se presentará formalmente ante la Corte Constitucional en caso de que al término de esta legislatura no se reforme el articulado cuestionado, con la absoluta certeza de que se ganará.

“En el evento en que no haya corrección, tenemos lista la demanda para presentarla”, subrayó el Contralor.

El artículo 20 de la Ley de Infraestructura establece que en casos de nulidad absoluta de un contrato se podrán hacer toda clase de reconocimientos al contratista.

Cupos indicativos a los congresistas

Maya Villazón anunció que el estudio que realizó la Contraloría sobre los llamados cupos indicativos concluyó que en los últimos 14 años se han entregado a los parlamentarios $57 billones de pesos, un promedio de $4 billones anuales para que los distribuyan en sus regiones, tema del cual eventualmente podrían salir investigaciones a los involucrados.

El jefe del organismo de control reveló también que la Contraloría se apresta a intervenir en el caso de Hidroituango, para lo cual se está tratando  la forma de hacerlo por parte de la Contraloría Delegada para el sector de infraestructura física.

Aunque los dineros de las Empresas Públicas de Medellín(EPM) son auditados por la Contraloría de esa ciudad y el recurso de la Nación es mínimo, la CGR tramita actualmente una solicitud para que ejerza un control excepcional.

“Vamos a estudiar esa solicitud, para proceder si se puede hacer esa auditoría sobre lo que ha sucedido y las inversiones que se han hecho en Hidroituango”, explicó.