La Contraloría General de la República abrió una indagación preliminar por 96.725 millones de pesos y un hallazgo fiscal por $8.185 millones al Fondo Adaptación por las irregularidades que se han presentado en la construcción del proyecto del Puente Hisgaura en Santander. 

“Aparte de las responsabilidades del contratista, es evidente también la debilidad y falta de rigor técnico y administrativo por parte de las interventorías contratadas y la supervisión a cargo del Fondo Adaptación. Dadas las deficiencias constructivas detectadas en el puente, el Estado aún no ha comenzado a percibir los beneficios de la ejecución de este proyecto que, conforme al plazo inicial del contrato, estaba previsto terminar en noviembre de 2016”, indicó la Contraloría. 

Una de las conclusiones de la actuación especial es que existe un sobrecosto del proyecto por 5.670 millones de pesos, que corresponden a la suma de los costos por ajustes pagados y el costo de la interventoría desde diciembre de 2016 hasta septiembre de 2018 y los cuales se habrían generado por una gestión ineficiente e ineficaz. 

Además de los mayores costos por ampliación del plazo contractual, la Contraloría también advirtió un detrimento patrimonial por la inversión de 1.885 millones de pesos en dos puentes que no fueron ejecutados (La Judía y Sitio Crítico 43). 

Sin embargo, una de las mayores preocupaciones del organismo de control están relacionadas con unas fisuras en la parte inferior del tablero del puente Hisgaura que se presentarían por deficiencias constructivas. 

“Las deficiencias en el proceso constructivo del puente Hisgaura, no han permitido la entrega de la obra ante la incertidumbre que existe de momento sobre la durabilidad y resistencia del tablero del puente, por lo cual la Contraloría considera que, de momento, se está ante una inversión ineficiente e ineficaz, lo que eventualmente se puede constituir en una lesión al patrimonio público”, indicó el organismo de control. 

Más errores constructivos

El organismo de control también aseguró que hay que corregir unos errores constructivos de la obra, los cuales se evidenciarían en el desalineamiento vertical del tablero del puente y las vigas longitudinales. 

“El contratista de obra Sacyr decidió colocar unas impostas o faldones metálicos para tapar con deformaciones. Adicional a la parte puramente estética, se necesitó colocar unas estructuras para nivelar la superficie de la rasante del puente (recrecidos), para ofrecer seguridad y confort vial”, señaló la Contraloría. 

En ese sentido, el organismo estimó que en el escenario más desfavorable el mantenimiento durante la vida útil del puente (75 años) puede llegar a los 6.473 millones de pesos, los cuales no estarían acordes con las actividades de mantenimiento que generalmente necesitan este tipo de estructuras. 

Asimismo, también se evidenció un hallazgo de carácter administrativo en lo referente con la instalación de diferentes instrumentos en el puente para hacer su control y respectiva vigilancia los cuales no cuentan con los sistemas de energización y equipos adecuados para ese objetivo.