Colombia puede reclamar que se le reconozca protagonismo en la intención de darle un giro a la política mundial de lucha contra las drogas y al logro de los primeros avances en ese sentido, en la Sesión Especial de la Asamblea General de Naciones Unidas (Ungass), que se realizó esta semana en Estados Unidos.

En ese país, el más enfático en las políticas represivas, el ministro de Justicia colombiano, Yesid Reyes; la canciller, María Ángela Holguín, y el presidente, Juan Manuel Santos, sembraron un mensaje nuevo: considerar de manera prioritaria las políticas de salud pública, antes que las estrategias policiales y militares.

La tesis fue respaldada por mandatarios de países productores: Ollanta Humala, de Perú, y Evo Morales, de Bolivia, pero menos acogida por naciones consumidoras. Aunque reconoce que falta mucho por lograr en este campo, el presidente Santos cree que se dieron pasos fundamentales en Nueva York. Su balance de la cumbre lo hizo en entrevista con Colprensa.

Planteó en esta cumbre que los acuerdos de paz también tendrían un enfoque de desarrollo sostenible. ¿Cómo pueden ser, en concreto, en Colombia?

Los acuerdos de paz en el mundo antes solo se referían a temas como la dejación de armas, la reincorporación de los excombatientes a la sociedad y su posibilidad de participar en política. En esta ocasión, por primera vez, estamos tocando temas como el desarrollo rural integral, la erradicación voluntaria de cultivos ilícitos y los proyectos productivos alternativos. Todo esto significa trabajar por el desarrollo sostenible, que lo podemos resumir así: mayor bienestar para la población más vulnerable y, al mismo tiempo, una mejor protección del medio ambiente.

Y dijo en su discurso principal que espera que las guerrillas en Colombia ayuden a la erradicación de cultivos ilícitos. ¿Cómo se tiene previsto eso y qué se ha avanzado en los acuerdos?

En el punto sobre las drogas, que es uno de los que ya se acordó en La Habana, las FARC se comprometen a contribuir de manera efectiva, mediante acciones prácticas, con la solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, y a poner fin a cualquier relación que hayan tenido con este fenómeno. Algo sin precedentes. Y se habla de adelantar un programa de erradicación y sustitución de los cultivos ilícitos, con la participación directa de las comunidades. Se trata de lograr compromisos de sustitución voluntaria. Y si alguien incumple, el Gobierno procederá a la erradicación manual.

Otro punto muy importante para erradicar estos cultivos, es avanzar con el desminado humanitario del territorio. Las FARC se comprometieron a suministrar la información necesaria para contribuir al desminado y, de hecho, ya comenzamos con proyectos piloto.

En su intervención acá en la ONU, planteó la teoría novedosa del respeto a los derechos humanos en la lucha contra las drogas. ¿Por qué?

Porque las convenciones de drogas no se pueden aplicar dejando en segundo plano las convenciones que garantizan y protegen los derechos humanos. Por eso hemos pedido que no haya pena de muerte para los delitos relacionados con las drogas y que, mientras se llega a un consenso sobre esto, al menos haya una moratoria en su aplicación en los países que todavía la tienen. Y hemos propuesto que se privilegie la salud sobre el castigo, en el caso de los consumidores de drogas. Consumir no es un crimen y la adicción no es un delito, sino una enfermedad. Por eso el consumo debe tratarse desde un punto de vista de salud pública y no de política criminal.

¿Es suficiente que haya una visión más flexible en cada país al cumplir las convenciones contra las drogas, o se requiere más?

Aceptar que los países tenemos un grado de autonomía y flexibilidad en la interpretación y aplicación de las convenciones de drogas, porque cada uno tiene circunstancias y problemas diferentes, es un avance muy importante de esta sesión especial de la Asamblea General de la ONU. Pienso que ahora debemos avanzar en hacer estudio y seguimiento a cómo les va a los diferentes países con el esquema que apliquen gracias a esta autonomía. ¿Son eficaces los que tienen políticas más restrictivas? ¿Sí han bajado el consumo y golpeado el negocio? ¿O están funcionando mejor esquemas de mercados regulados, como en Uruguay? Solo conociendo las ventajas y desventajas en cada caso, podrá la comunidad internacional tomar decisiones más informadas.

¿El consumo debe ser tratado con una política de salud y no de represión judicial?

Definitivamente. Como dije en la ONU, si uno le pregunta a cualquier madre si quiere que su hijo adicto pague cárcel por cinco años o, en cambio, sea atendido en un servicio de salud para procurar su rehabilitación, todas van a responder que prefieren el tratamiento de salud. No solo porque son las madres, sino porque es lógico. El consumidor de drogas pone en riesgo su salud, como el consumidor de tabaco o de alcohol, y, si es adicto, el riesgo es mucho mayor. La solución no es la cárcel. La solución es trabajar en la prevención del consumo y la adicción, y en el tratamiento y rehabilitación de los adictos para minimizar el daño. Las cárceles son para los criminales, no para los adictos. Me impresionó mucho la frase que pronunció el Cirujano General de Estados Unidos (Vivek H. Murthy). Dijo: “la guerra contra las drogas se ha convertido en una guerra contra la gente”. Lo resume todo.

¿Cree que fue bien entendido su ejemplo de que es difícil explicar al campesino colombiano que su cultivo es un delito, mientras en algunos estados de Estados Unidos el mismo cultivo es legal?

Creo que es un ejemplo contundente y, además, es real. Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas del mundo y uno de los mayores productores de marihuana, si no el mayor. En estados como Colorado o Washington, la marihuana se puede cultivar, vender y consumir libremente. Lo que pedimos al mundo es coherencia. No se puede aplicar un criterio en suelo propio y exigir uno mucho más riguroso para los demás.

¿Considera que sí se avanzó en esta Cumbre para enfrentar el narcotráfico?

Sí se avanzó, no todo lo que hubiéramos deseado, pero hay que valorar los pasos dados, pues las reuniones previas sobre drogas se limitaban a ratificar la estrategia de siempre y ésta marcó el inicio de una transformación que hay que continuar. Ahora se acepta la flexibilidad en la aplicación de las convenciones de drogas, el principio de la proporcionalidad de las penas y la necesidad de enfocarnos en reducir el riesgo y los daños del consumo. Todos estos son virajes en la dirección correcta.

¿Qué le quedó faltando a esta cumbre para enfrentar a las redes del narcotráfico?

Tenemos que priorizar el combate a los eslabones fuertes de la cadena del narcotráfico, como las mafias, los que venden las armas y los insumos químicos, los lavadores de activos, en lugar de perseguir, como se viene haciendo, a los eslabones débiles: los campesinos o los consumidores, que lo que necesitan es apoyo y oportunidades. A las mafias hay que quitarles esas exorbitantes sumas de dinero que consiguen y que no se quedan en los países productores. Hay que golpearlas donde más les duele.

*Colprensa