El Consejo de Política Criminal se opuso al proyecto de ley que pretende establecer multas a las personas que acuden a prostitutas y pagan por sexo.

Se trata del proyecto de Ley 065 de 2017 Cámara, promovido por la congresista Clara Rojas y que contempla multas entre los 4 y los 32 salarios mínimos legales vigentes por acudir a las prostitutas.

Para el Consejo de Política Criminal, esta iniciativa puede afectar el libre ejercicio de una actividad que el Estado colombiano no ha criminalizado.

El ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, señaló que se encontraron inconvenientes otras iniciativas que cursan en el Congreso y resaltó que ya se presentó un proyecto de ley completo, que regula esos temas, que es el mismo en el cual se despenaliza la injuria, la calumnia y la inasistencia alimentaria, entre otros.

“El proyecto atiende una reforma penitenciaria y carcelaria, se despenalizan unas conductas, se descriminalizan otras. Busca racionalizar, no crear impunidad y si hay reincidencia ya no hay lugar a oportunidades. Estamos tratando de poner en orden una política criminal caótica”, aseguró.

De acuerdo con el ministro, “ese tema de la prostitución está regulado en proyecto de política criminal que está radicado y por eso fueron considerados inconvenientes”.

Gil Botero precisamente hizo este lunes el lanzamiento del libro ‘La proporcionalidad de las penas en la legislación colombiana’, que es un estudio sobre los cambios que ha tenido el Código Penal.

“Estoy convencido que detectar y corregir las incoherencias e inconsistencias de nuestro sistema de penas en relación con la gravedad del delito es una contribución destacada en aras de lograr una política criminal racional”, afirmó.

“El libro no es solo un inventario con un nivel de detalle significativo; también es un ejercicio de autocrítica. Un primer paso para tomar conciencia de que la forma en que se ha venido construyendo la política criminal en nuestro país -en este caso en materia legislativa- ha sido antitécnica, reactiva y de bajo impacto”, dijo.