El Consejo de Estado condenó a la Nación, representada en la Fiscalía y el Ministerio de Defensa, por el exilio que un fiscal tuvo que soportar en 1999 después de recibir amenazas de muerte por investigar al mayor en retiro del Ejército David Hernández Rojas, alias ‘39’, por el ‘falso positivo’ de tres personas.

El Consejo de Estado consideró que se trató de un caso de desplazamiento forzado y ordenó el pago de una millonaria indemnización, tras emitir un fuerte regaño a las entidades demandas por la desprotección de un servidor público que hacía su deber.

La Sección Tercera, con ponencia de la magistrada Stella Conto, señaló que la Fiscalía no tomó medidas cuando iniciaron las amenazas en contra del funcionario, que motivaron su exilio a Canadá, junto con su familia, a pesar de la gravedad de la situación.

El fiscal llevaba la investigación en contra del mayor, quien terminó en las filas de los paramilitares, por la desaparición y posterior homicidio de Álex Oriol Lopera, Luis Fernando Londoño Gómez y Manuel José Jaramillo Giraldo, a manos de integrantes de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional.