El Consejo de Estado condenó a la Fiscalía a pagarle más de 526 millones de pesos a un sargento (r) del Ejército y a su familia, luego de que este hubiera sido detenido y señalado injustamente de haber pertenecido a los grupos paramilitares que azotaban el municipio de Ocaña (Norte de Santander).

El uniformado estuvo recluido en la cárcel durante dos años y ocho meses, luego que se le impusiera medida de aseguramiento por el delito de concierto para delinquir, y tráfico de armas.

Tras la determinación de la justicia de otorgarle la libertad condicional, el Juzgado Especializado de Bogotá que conocía del proceso en su contra lo declaró inocente de los cargos, fallo que fue emitido el 11 de febrero del 2004. Esta decisión fue ratificada por el Tribunal Superior de Santa Marta el 20 de junio del 2005.

Una vez probada su inocencia, el sargento (r) demandó a la Fiscalía, con el fin de que esa autoridad penal le resarciera el daño causado por su injusta detención. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca accedió parcialmente a estas pretensiones y ordenó a la entidad pagar 250 salarios mínimos mensuales vigentes, como instrumento de resarcimiento. El fallo fue apelado por la Fiscalía, con el fin de que se revocara la sentencia.

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El Consejo de Estado confirmó la condena contra la Fiscalía, por considerar que la entidad impuso la medida de aseguramiento sin contar con indicios graves que le ofrecieran algún grado de certeza sobre la pertenencia del demandante a grupos paramilitares.

La corporación explicó que las decisiones del ente investigador estuvieron basados en un testimonio de oídas, que no ofrecía certeza sobre la supuesta colaboración del militar con los paramilitares de Norte de Santander.

Además, concluyó que la Fiscalía no explicó, debiendo hacerlo, los riesgos de fuga, reiteración de los hechos investigados o de obstaculización a la Justicia que se hubieran visto comprometidos sino se imponía la medida privativa de la libertad.

Por esto y otros argumentos, la alta corte modificó el monto de la condena, al concederle reparación de 100 salarios mínimos a cada una de las seis víctimas que fueron acreditadas en el proceso.