El exfiscal colombiano anticorrupción, Luis Gustavo Moreno, fue condenado a 48 meses de prisión en Estados Unidos por conspiración para lavar activos, conspiración para cometer fraude en giros bancarios y fraude bancario, producto de sus movidas corruptas en Colombia.

Moreno fue extraditado el 17 de mayo del año pasado, justo después de que fuera avalado su principio de oportunidad (presentado por cuarta vez) para concretar su colaboración con la justicia colombiana y así desmantelar el conocido ‘Cartel de la Toga’, en la que participaban por lo menos 26 personalidades de la justicia y la política, entre ellos los exmagistrados Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte y el magistrado Gustavo Malo.

Las investigaciones judiciales han permitido identificar que Moreno habría intervenido en los casos en los que están involucrados, además, Álvaro Ashton, Musa Besaile, Julio Manzur, Nilton Córdoba, Argenis Velásquez, Julio Eugenio Gallardo, Juan Carlos Abadía, Lucas Gnecco, Óscar Arboleda Palacio, Alberto Velásquez Echeverri y Franklin Chaparro, todos congresistas y excongresistas que habrían entregado dinero para que verse beneficiados en sus procesos judiciales.

Una vez en Estados Unidos, el exfiscal se declaró inocente ante una Corte Federal del Sur de Florida, cuando aseguró que “nada tuvo que ver con los delitos imputados”; pero tres meses más tarde, cuando la defensa tuvo en su poder todo el material probatorio que la justicia tenía en su contra, se declaró culpable.

Según la investigación adelantada por la DEA, Moreno viajó hasta Miami, junto con el abogado Leonardo Pinilla, para concretar un negocio fraudulento con Alejandro Lyons, exgobernador de Córdoba, a quien le pidieron $100 millones para frenar varios procesos penales que tenía en su contra en Colombia.

Lo que no sabía Moreno, quien pensó que había cerrado el negocio, era que Lyons estaba colaborando con la justicia norteamericana y que tenía un micrófono pegado al cuerpo para dejarlo en evidencia como el fiscal corrupto.

Fue así como la captura se dio en su propio despacho el 27 de junio de 2017.

Por haber pedido dinero a Lyons, la Corte Suprema de Justicia condenó a Moreno a 4 años, 10 meses y 15 días de prisión (delitos de concusión y utilización indebida de información privilegiada), y gracias al principio de oportunidad no será juzgado por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, concierto para delinquir y tráfico de influencias.

Cuando Moreno quede a paz y salvo con la justicia norteamericana deberá volver a Colombia a purgar la pena que le queda.