El Juzgado 53 Penal del Circuito de Bogotá condenó a Amaury Segundo García de la Espriella, contratante del antiguo Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), por la adjudicación irregular de un contrato de 2017, cuya cuantía superó los 16.600 millones de pesos.

El ingeniero García de la Espriella, exrepresentante legal de la empresa Grupo Orión, que conformó el denominado ‘Consorcio Interviviendas’, fue condenado a 48 meses de prisión, por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos como interviniente, corrupción privada, cómplice de cohecho por dar u ofrecer y concierto para delinquir.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción demostró que García de la Espriella, a través del Consorcio Interviviendas, que conformó con dos empresas más, obtuvo ilegalmente el contrato para la interventoría de los contratos de diseño y construcción de proyectos de Vivienda de Interés Prioritario, en el marco de la fase II del programa de ‘Vivienda Gratuita’, que debía ser ejecutado en 4.678 inmuebles ubicados en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Santander, Norte de Santander, Caldas, Antioquia, Quindío y Huila.

En el marco de la investigación, García de la Espriella celebró un preacuerdo con la Fiscalía y dio la razón a la adjudicación irregular del contrato. Adicionalmente, reconoció que colaboró con pagos indebidos a funcionarios de Fonade y se concertó para buscar la asignación direccionada de otros contratos como los que se derivarían del convenio suscrito entre Fonade y Uspec para mejorar la infraestructura carcelaria del país.

Adicionalmente, Amaury Segundo reintegró el incremento patrimonial obtenido por estas conductas, suma que ascendió a $27.500.000.

Esta es la quinta persona condenada por estos hechos, además de estar vinculadas otras seis personas, entre funcionarios y particulares, y emitirse compulsa de copias a la Corte Suprema de Justicia para que, en el ámbito de sus competencias, investigue la posible participación de exsenadores de la República.

El Juez negó la solicitud de detención domiciliaria y libertad condicional, por lo que ordenó librar orden de captura contra el condenado. La decisión fue apelada por la defensa.