La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó al exdirector del DAS Jorge Aurelio Noguera Cotes a 7 años, 10 meses y 15 días de prisión por su responsabilidad en las labores de inteligencia ilegales que desplegó esa entidad entre 2003 y 2005. A la par de esa decisión se compulsaron copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que analice, si hay mérito, de investigar al expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez por su presunta participación en las chuzadas del DAS.

En la condena, Noguera Cotes debe cancelar, por concepto de indemnización de perjuicios morales, 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de su pago, a Gloria Ines Flórez Schneider, Martha Cecilia Monroy y a los herederos Carlos Gaviria, Gustavo Gallón Giraldo y Miguel Alberto Flórez Orozco.

Igualmente, deberá cancelar 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes a Rodrigo Orozco, Víctor Albeiro Collazos Gaviria, Ángela María Solano Acosta, Patricia Pinzón Rivera, la Comisión Colombiana de Juristas, y el partido político Centro Democrático Alternativo.

La Corte condenó a Noguera por el delito de concierto para delinquir y cesó el procedimiento por el delito de abuso de autoridad en su contra. Además, ordenó indemnizar a Gloria Inés Florez, Gustavo Gallón y los familiares de Carlos Gaviria Díaz.

Proceso judicial

La Fiscalía General de la Nación le solicitó a la Sala Penal la máxima condena contra el exdirector del DAS, Jorge Noguera, por las denominadas chuzadas que ese organismo de inteligencia perpetró entre 2003 y 2005, durante el primer gobierno de Álvaro Uribe Vélez. 

La Fiscal Séptima delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Flor Alba Torres, señaló que la responsabilidad de Noguera Cotes queda clara más allá de toda duda sobre las actuaciones del G3, un grupo al interior del DAS, que realizó labores ilícitas con apariencia de legalidad. 

De la misma manera, la Fiscal dijo que se trató de relacionar al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo con la guerrilla de las FARC y a que este organismo como a la Comisión Colombiana de Juristas se les consideró como blancos y se le hizo labor de inteligencia para establecer sus finanzas. 

Para esto se creó el grupo denominado G3 que, para la Fiscalía, tuvo apariencia de legalidad, pero que trabajó como una fachada de actuaciones ilegales que se consideraban como de inteligencia y que eran informadas al alto gobierno. 

"En el organismo en mención sus integrantes, entre ellos el procesado como director, acordaron y se unieron al grupo con apariencia de legalidad que se había creado para cometer todo tipo de ilícitos", señaló la Fiscal.  De acuerdo con Torres, las labores de inteligencia justificados supuestamente en la seguridad nacional, no eximían al DAS de respetar los derechos humanos y que la real finalidad era hallar información de estas organizaciones, que sufrieron la interceptación de sus comunicaciones y sobre sus relaciones y actuaciones con grupos y ONG internacionales.