Las autoridades colombianas condenaron a más de 46 años de prisión a un exlíder paramilitar por el secuestro y asesinato de un comerciante en el sur del país y que el año pasado intentó "colarse" en las listas de las Farc para recibir beneficios jurídicos por acogerse al proceso de paz.

Así lo informó este lunes la Fiscalía, que detalló en un comunicado que Frederman Sarria García, alias "Gordo Quemado", insistió ante los jefes del bloque sur de las desmovilizadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en asesinar a Rómulo Flórez Getial porque creía que ayudaba a las Farc en el departamento de Putumayo (sur).

"El Juzgado Penal del Circuito Especializado de Mocoa lo acaba de condenar a 46 años y 8 meses de prisión en calidad de coautor de los delitos de homicidio en persona protegida, secuestro extorsivo y tortura", agregó la información.

Según explicó la Fiscalía, miembros del bloque sur de las AUC secuestraron a Flórez Getial en una carretera del corregimiento (pueblo) de La Hormiga, en el Putumayo, de donde se lo llevaron a un punto desconocido el 1 de noviembre de 2004.

Los paramilitares le pidieron a la familia del comerciante 150 millones de pesos (unos 47.000 dólares) "a cambio de pruebas de vida y la supuesta liberación. Parte del dinero fue pagado en cuotas; sin embargo la información sobre la víctima era cada vez más escasa y confusa".

Días después el cuerpo de Flórez Getial fue hallado en una zona boscosa.

Por esta razón, "Gordo Quemado" fue condenado a pagar a la esposa e hija de la víctima poco más de 160 millones de pesos (unos 50.000 dólares) por "concepto de perjuicios".

Según la Fiscalía, Sarria García no se sometió al proceso de desmovilización de las AUC y evadió a la Justicia desde finales de 2004, tras el asesinato del comerciante, hasta el 25 de junio de 2014, cuando fue capturado en Florencia, capital del departamento de Caquetá (sur).

El cabecilla paramilitar está recluido en una prisión de Bogotá, donde en el último año ha presentado solicitudes para "obtener la amnistía y, en consecuencia, quedar en libertad y recibir el tratamiento judicial especial que contempló el Acuerdo Final entre el Gobierno Nacional y las Farc".

"Las peticiones han sido rechazadas por los jueces especializados y, en segunda instancia, por el Tribunal Superior de Mocoa porque su más reciente actividad criminal y de la que hay evidencia acreditada en las últimas investigaciones en su contra, estaría asociada al entonces bloque sur de las AUC", añadió la Fiscalía.

En septiembre de 2017, el Gobierno colombiano excluyó 253 nombres de las listas entregadas por las Farc para recibir los beneficios jurídicos por acogerse al proceso de paz porque no pertenecen a esa organización y en algunos casos están pedidos en extradición por narcotráfico