La guerra, que tantas veces se ha ensañado contra Chocó, esta vez volvió a mostrar su poder intimidatorio por los enfrentamientos entre el Eln y el Clan del Golfo, bacrim conocida en esa zona como Águilas Negras.

Las confrontaciones entre estas dos estructuras armadas han llevado a que más de 700 personas de las comunidades indígenas Emberá- Soquerré y Unión-Chogorodó no puedan salir de sus viviendas a cazar, pescar o a sembrar, todo porque después del último enfrentamiento el pasado 6 de marzo, los grupos armados sembraron minas en los caminos y les prohibieron salir de los resguardos. Así lo contó un habitante de la zona a El Colombiano que por temor pidió reserva de su nombre.

“Los enfrentamientos entre los dos grupos se presentaron dentro del resguardo indígena. Ellos dieron la orden de que no saliéramos para evitar ataques. No hemos podido buscar nuestro alimento y estamos pensando en desplazarnos”, expresó el habitante de la comunidad.

El Consejo de Autoridades Indígenas Asociación Orewa, expresaron que los enfrentamientos en los territorios se vienen presentando desde el pasado mes de febrero.

“Sentimos gran preocupación sobre este hecho que nos pone, en una guerra a la que nos han sometido contra nuestra propia voluntad. Ya lo hemos pronunciado y anunciado, no queremos más sangre en nuestros territorios, porque desde la firma del Acuerdo de paz, ya son 100 indígenas asesinados, nos están exterminando, pero seguimos resistiendo”, comentaron las autoridades indígenas.

Según los habitantes de la comunidad Alto Guayabal, hasta ahora ninguna entidad gubernamental se ha presentado en la zona, pese al llamado hecho desde que empezaron los enfrentamientos.

Murieron cuatro niños

La situación más crítica denunciada por los indígenas es la muerte de cuatro niños por el confinamiento al que están sometidos. La Defensoría confirmó el deceso de los menores de edad y aseveró que fue “por causas asociadas a alimentación y la imposibilidad de acceder a la salud”.

El defensor del Pueblo de Chocó, Luis Enrique Murillo, agregó que las amenazas y el confinamiento afectarían a 5.000 personas de las localidades de Riosucio, Carmen del Darién, Bojayá y Murindó; además que los niños “están siendo utilizados y vinculados de manera forzada por grupos armados ilegales”.

El comandante de la Séptima División del Ejército, general Juan Carlos Ramírez, explicó que estos enfrentamientos se presentan por el control de corredores que hay sobre el río Jiguamiandó y Curvaradó para sacar derivados del narcotráfico. “Ya estamos realizando operaciones sobre el área. Hemos tenido combates, incautado material del narcotráfico y algunas capturas”, concluyó el general Ramírez.

En Chocó piden mesa de diálogos

Con la situación anterior, los pobladores indígenas exigieron mediante un comunicado “el retiro de los grupos armados de nuestros territorios, respeto a nuestra autonomía y gobernabilidad”.

Acto seguido, solicitaron al Gobierno nacional reactivar la mesa de negociaciones con el Eln como un forma de mitigar las hostilidades en los territorios afectados por el conflicto armado. También pidió al Gobierno Nacional detener la guerra.

“Lo responsabilizamos por el exterminio sistemático y permanente, que se puede evitar garantizando la protección a las Comunidades”. Pidieron a las agencias humanitarias nacionales e internacionales ir a la zona.