Los indígenas del norte del Cauca lloran de nuevo sus muertos. Otro atentado armado, el quinto registrado este año, con similares características: sujetos emboscan los vehículos que movilizan los comuneros, para después atacarlos con fusil y explosivos.

Todos ellos, ataques letales que han truncado la vida de guardias, gobernadores o comuneros. Ya van 53 indígenas de esta región asesinados en este 2019, entre ellos quince guardias, cinco autoridades y una líder espiritual. 

Guerra a muerte

No se necesitan más razones para decir que existe una guerra a muerte en este punto del departamento.

En la tarde del martes se vivió un capítulo más este conflicto: los gobernadores Cristina Bautista y Rogelio Taquinás, y los comuneros Asdrúbal Cayapú, Eleodoro Finscué, James Wilfredo Soto, José Gerardo Soto, Dora Rut Mesa Peteche, José Norman Montaño ejercían una actividad de control al interior del Resguardo de Tacueyó, cuando fueron atacados por delincuentes que se movilizaban en dos camionetas.

“Había una alerta por la retención de dos compañeros, entonces la gobernadora y los guardias llegaron hasta La Luz, para verificar la situación y precisamente en ese momento se percataron de que unos sujetos, en dos camionetas negras, transitaban por la zona, de ahí que intervinieran para verificar quiénes eran, pero estos no acataron la indicación de la guardia, lo que hicieron fue atacarlos con los fusiles que portaban”, narraron habitantes de la zona, quienes compartieron videos tras el ataque.

Tras el ataque y luego de herir mortalmente a cinco de estos comuneros, los sujetos huyeron del sitio. Sin embargo, y al llamado de auxilio, los demás comuneros de la zona salieron a ayudar a los compañeros heridos, también a perseguir a los sujetos.

Los individuos armados continuaron atacando a los demás integrantes de la guardia. Después, algunos de los heridos fallecieron en el sitio, otros cuando eran trasladados o ya recibían atención en el centro asistencial de la zona. Después, por orden del gobierno, vino la militarización del municipio.

Reacciones 

Al conocerse la magnitud del ataque, no se hicieron esperar las reacciones por parte de la dirigencia indígena, la cual indicó que el mismo es producto “del actuar de organizaciones delincuenciales al servicio de narcotraficantes, quienes llegaron a sus territorios a sembrar miedo y terror”.

Este es el sitio donde fue masacrada el martes una comisión de autoridades indígenas del Cauca.

“Relativamente estamos solos frente esta nueva amenaza, no es cierto que nos opongamos a que la fuerza pública esté en nuestros territorios, acá hace presencia la Fuerza de Tarea Apolo, lo que cuestionamos es la falta de contundencia de las autoridades a la hora de combatir a estas organizaciones, que no tienen nada de connotación política, sino que son mercenarios de las economías ilícitas”, indica Joe Sauca, coordinador del área de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Norte del Cauca, Cric.  

Interrogantes para las autoridades

El representante de dicha organización va más allá al preguntarse por qué, si la fuerza pública está en la región, entran en cantidades insumos para el procesamiento de narcóticos o alucinógenos a la misma.  

“Cómo es que salen esos cargamentos si están las autoridades en el área. Ahí es que uno dice que el gobierno y su institución militar se han quedado cortos a la hora de controlar y el otro aspecto que explicaría lo que vivimos en los territorios es el incumplimiento de los acuerdos en el tema de la sustitución de cultivos de uso ilícito, esa tendencia a no cumplir lo pacto genera esta ola de violencia”, agrega Joe Sauca.  

Esas respuestas, entonces, explicarían el actuar violento de grupos como la Dagoberto Ramos, disidencia de las Farc que delinque en municipios como Toribío, donde son amplios los cultivos de coca y marihuana. A este grupo es que atribuyen los indígenas la masacre del martes en la noche.

La Policía, en lo corrido de este año, ha incautado alrededor de 30.500 kilogramos de marihuana en los diferentes controles que adelantan en las vías de acceso a la región. Cada dos días, integrantes de esta institución confiscan hasta tres cargamentos de este alucinógeno, muestra de la rentabilidad del negocio ilícito, el mismo que está alimentando esos planes de acabar con los nativos, quienes a su estilo, también combaten el narcotráfico. Y aun así no es suficiente.  

De ahí que el presidente Iván Duque, a su llegada a Santander de Quilichao para liderar un consejo de seguridad tras esta masacre, reconoció la necesidad de aumentar la presencia de la Fuerza Pública en esta zona del país para enfrentar el narcotráfico.

“Acá el mensaje es claro, son estructuras delincuenciales al servicio del narcotráfico que quieren dominar el territorio, atemorizar a los indígenas, pero hoy demostramos que el Estado está en el norte del Cauca y que vamos a redoblar la presencia de la fuerza pública en la región”, fue la indicación del mandatario, al confirmar que 2.500 integrantes de la fuerza de Despliegue Rápido Fudra llegarán a municipios como Toribío.