Óscar Galindo, de 23 años, aún recuerda el momento cuando perdió su pie derecho, por cuenta de una mina antipersonal.

“Yo iba caminando hacia donde mi papá a llevar un ganado y me pareció fácil meterme por acá -señala lo que hoy es un pastal, pero antes era un puesto de control de la Policía- yo me metí para saber qué había, sentí que me dieron un empujón y cuando reaccioné estaba en el piso”.

Óscar estuvo tirado en el suelo alrededor de cinco minutos tratando de saber qué había ocurrido. Aseguró que en el momento no sintió dolor alguno, y que se dio cuenta que perdió su pie cuando se levantó y no se pudo sostener. Fue necesario que se arrastrara hacia la carretera a esperar que fuera socorrido por un lugareño de Vista Hermosa, ese municipio del Meta que está entre las cifras más altas de afectación por minas antipersonal.

Fue un hombre que pasó en una moto quien socorrió a Óscar y lo llevó hasta un centro asistencial. Galindo para la época de los hechos era apenas un niño, tenía 13 años, y ya había sido víctima del conflicto armado que dejó, en su momento, las extintas Farc, pues el grupo guerrillero tenía base de mando en esa zona del país y solía atacar a las tropas del Ejército y los efectivos de la Policía con los artefactos explosivos.

La mina no estaba dirigida hacia Óscar, fue instalada la noche anterior para afectar a los miembros de Policía del puesto de control que hacia guardia en esa zona, sin embargo, esa mañana los uniformados corrieron con suerte, y fue él quien resultó afectado.

Hoy, 10 años después, con una prótesis que poco deja ver la huella del conflicto en su cuerpo porque, por fortuna, no afectó su rodilla y tiene buen movimiento en la misma, es padre y esposo, y espera que su hijo crezca en un terreno libre de explosivos y afectaciones del conflicto armado.

Alarmante informe sobre minas

Óscar se convirtió en una de las 11.892 víctimas de minas antipersonal, en los últimos 30 años en Colombia. La estadística la reveló un informe de la Procuraduría General, a propósito del balance en esa materia, del cuarto aniversario de la firma de paz entre el Gobierno y las Farc, que se cumplió finalizando noviembre.

De las 11.892 víctimas, el 60,5 %, es decir, 7194, son miembros de la Fuerza Pública, particularmente del Ejército Nacional, mientras que el 39,5 % restantes son civiles, 4701 personas de las cuales, 626 son mujeres y 4031 hombres y, al menos, 44 están sin información.

El Ministerio Público, en su más reciente informe, alertó al Estado para que promuevan políticas públicas que permitan erradicar por completo la amenaza de los artefactos explosivos, que no solo acecha a la Fuerza Pública, sino también a la población civil.

El ente de control llamó la atención sobre el incremento de víctimas de minas entre enero y agosto de este año. La cifra fue entregada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, y da cuenta de 114 afectaciones en el territorio nacional, dejando 18 personas sin vida, cifra que según el informe, supera lo reportado en 2019.

Lo que llamó la atención de la Procuraduría es que, desde 2017 hasta la fecha, inició un periodo con mayor número de víctimas civiles, con un 70 % para 2017; 52 % para 2018; 56 % para 2019 y 72 % durante el primer semestre de 2020.