6.475 personas han manifestado su intención de someterse a la JEP.
Comenzó a operar la Jurisdicción Especial para la Paz
“Es un día histórico para el país, para la sociedad colombiana y especialmente para las víctimas. Porque a partir de hoy (el viernes) se pone en funcionamiento esta jurisdicción que como parte de un Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación, administrará de manera oportuna ese modelo de justicia restaurativa que nos corresponde”.
Con estas palabras la presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz, Patricia Linares, abrió formalmente las puertas al público de esta justicia especial que se acordó en el marco del Acuerdo de Paz con las Farc para investigar y juzgar graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario cometidas en el marco del conflicto.
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La JEP inició sus labores con la entrega, por parte del Secretario Ejecutivo, Néstor Raúl Correa, del informe oficial que señala que 6.475 personas han manifestado su intención de someterse a la JEP, que 3.062 personas han quedado libres y que se han identificado más de 11.809 víctimas.
Correa explicó que igualmente se han firmado 7.916 actas. Se trata de 6.094 actas suscritas por personas que pertenecieron a las Farc, de las cuales 3.666 son de libertad condicionada por la Ley de Amnistía, y 2428 por “reincorporación política, social y económica”. Igualmente, hay 1.792 actas suscritas por integrantes de la Fuerza Pública; 6 de personas relacionadas con actos de protesta social y 34 actas por agentes del Estado diferentes a los miembros de la Fuerza Pública.
El informe, con datos del Ministerio de Justicia, dice que se han concedido 197 indultos a integrantes de las Farc por la Ley de Amnistía; así como 522 por la Ley 418 de 1997.
Las víctimas
Sobre las víctimas del conflicto, el reporte dice que hay 8.883 relacionadas con hechos cometidos por las Farc, en los que están comprometidos 4.653 de sus integrantes; así como otras 2.926 víctimas de hechos cometidos por la Fuerza Pública.
“Es el informe más completo sobre delitos cometidos con ocasión del conflicto armado”, dijo Correa al explicar que se reunió información de la Fiscalía y otras fuentes y que estará a la mano para los integrantes de toda la Jurisdicción Especial para la Paz.
La magistrada Linares explicó que ese informe será el punto de partida, y que es el primero que tienen, pues tendrán que recibir documentos similares elaborados por la Fiscalía, la Procuraduría, la Justicia Penal Militar, la Contraloría y las organizaciones de víctimas.
Igualmente, explicó que ya se aprobó el reglamento interno de la Corporación y recordó que se le entregó al Presidente Juan Manuel Santos el proyecto de ley de procedimiento penal, que deberá tramitarse en el Congreso. Agregó que se está preparando la llegada de la JEP a las regiones del país.
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“Uno de los principales compromisos es que la JEP vaya a las regiones, que podamos tener una aproximación pronta con las víctimas y sus organizaciones y lo vamos a hacer. Estamos haciendo los preparativos. Por ejemplo, la Sala de Reconocimiento de Verdad muy próximamente saldrá a terreno a conocer de manera directa los informes de las organizaciones”, señaló.
JEP no descentralizada
La presidenta Patricia Linares indicó que no hay una estructura de la JEP descentralizada, sino que hay 12 enlaces en diferentes partes del país. “Pero, la verdad, todavía es una estructura precaria”, señaló al indicar que el director de la Unidad de Investigación, Giovanni Álvarez, también avanza en lo mismo.
Linares entregó el informe de la Secretaría igualmente a la Presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad, Julieta Lemaitre, quien explicó que se iniciará su análisis, así como los que faltan por recibir. Por esa razón, no hay un cronograma fijado para trabajar. “Los términos que tienen las instituciones para presentar los informes que nosotros requerimos empezaron a correr el 15 de enero, pero no podemos establecer el cronograma porque depende de lo que nos entreguen”, señaló.
Lemaitre además indicó que habrá instancias de participación de las víctimas de los casos que sean seleccionados como los más graves y representativos, con mayores responsables, para que participen en las audiencias públicas.
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