En el marco del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, en Nueva York, la  colombiana Viviana  Manrique Zuluaga fue elegida para integrar la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (Jife) para el período 2020-2025.

La Jife está  conformada por 13 miembros  y es el órgano encargado de vigilar la aplicación de los tratados de fiscalización internacional de drogas alrededor del mundo. Manrique  fue elegida junto con expertos de India, Marruecos, Paraguay, Francia y Sudáfrica.

Viviana  Manrique Zuluaga  es una abogada, filósofa e internacionalista  de la Universidad del Rosario, con especializaciones en Estudios Europeos, Derecho Administrativo, y  en Estado, Gobierno y Políticas Públicas.

Así mismo, la ahora miembro de la JIFE tiene maestría en Estudios Interdisciplinarios de Desarrollo de la Universidad de los Andes.  Ha ocupado importantes posiciones en el sector público, privado y académico y  tiene trayectoria en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas.

Manrique  fue viceministra del Interior  entre  2009 – 2010, encargada de la formulación de la política pública en materia de derechos humanos; la promoción de los derechos de los grupos étnicos y las minorías; el fortalecimiento de la democracia y la participación ciudadana; la política de seguridad y convivencia ciudadana y el relacionamiento con las autoridades locales.

Entre otros cargos, fue comisionada Presidencial Adjunta en el Plan Puebla Panamá (2007 – 2008) y asesora de la Alta Consejería Presidencial para la Competitividad y la Productividad (2005 – 2008).  En 2010 asumió como directora del Observatorio de Drogas Ilícitas y Armas de la Universidad del Rosario y más adelante se desempeñó como procuradora Judicial II Administrativa en el Grupo de Control Electoral.

En el ámbito académico, Viviana  Manrique,  fue catedrática en Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario y  Derecho Comparado en diferentes universidades del país. Ha adelantado diversos trabajos de consultoría para la evaluación de la política de drogas para la Organización de Estados Iberoamericanos.