El director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Camilo Gómez Alzate, informó en la tarde de este martes que fue resuelto el pleito que el Estado colombiano en su conjunto sostuvo con la multinacional Glencore por cuenta de un contrato de explotación de carbón en la mina Calenturitas, ubicada en el Cesar.

Por cuenta de este fallo, Colombia tendrá que devolver 19.1 millones de dólares a la multinacional que aspiraba a que se le cancelaran 593 millones de dólares por daños y perjuicios derivados de un fallo de responsabilidad fiscal que la Contraloría emitió en enero de 2016 en contra de la multinacional.

La historia que desencadenó el fallo se remonta a febrero de 1989 con la suscripción del mencionado contrato entre Carbocol y Prodeco. Nueve años después se celebró el otrosí No.8 con el que se modificó el régimen de regalías con la promesa de aumentar las que la multinacional le iba a pagar al Estado.

Ese documento quedó en firme en enero de 2010 cuando se estableció el cambio en régimen de las regalías de forma escalonada de acuerdo con la producción y que se pudiera expandir la mina.

“Ese contrato tuvo una controversia desde el comienzo – recordó Gómez – porque el señor Mario Ballesteros, que era director de Ingeominas, fue destituido por la Procuraduría, y sobre ese contrato hubo una serie de señalamientos, incertidumbre y dudas”.

Para 2010 la Contraloría abrió una investigación preliminar por presunto daño patrimonial por la disminución de la percepción de las regalías en favor del Estado derivadas de ese contrato y para mayo de 2011 el órgano de control abrió un proceso de responsabilidad fiscal contra Prodeco, Ingeominas y el Ministerio de Minas.

Para esa época Ingeominas pasa a ser el Servicio Geológico Nacional y es esta entidad la que solicita la nulidad del otrosí, petición elevada ante el Tribunal de Cundinamarca.

En 2015 la contralora delegada Soraya Vargas, quien tenía a cargo el proceso, emitió un fallo de responsabilidad fiscal por 63 mil millones de pesos, es decir 19.1 millones de dólares al cambio de la época, en contra de Prodeco, la desaparecida Ingeominas y el Ministerio de Minas.

Glencore Prodeco acató el fallo y pagó en enero de 2016. Ese es el monto que ahora tendrá que devolver el Estado tras la decisión del Tribunal Arbitral del CIADI.

No obstante, en marzo de ese año Prodeco interpone demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la decisión de la Contraloría y para agosto siguiente se constituyó el Tribunal Arbitral para el caso Glencore – Prodeco contra Colombia.

“Colombia está satisfecha en que no se le haya condenado en el monto solicitado. Prodeco deja de ganar una por 593 millones. Una vez terminemos de analizar el fallo estudiaremos la posibilidad de entablar algún recurso”, resaltó Gómez.

El director no descartó que interpongan un recurso de anulación ante el laudo. Sin embrago, precisó que primero analizarán la providencia de 346 páginas emitidas este martes por el tribunal conformado por tres árbitros que tienen sede en Washington, Estados Unidos.

Para interponer ese recurso, el Estado tiene hasta cuatro meses. Igual plazo tiene la multinacional en el evento de que busque una revisión del laudo.

A los 19.1 millones de dólares que Colombia tendrá que devolver deben sumarse los intereses a una tarifa Libor por depósitos de seis meses más un margen del 2% capitalizado semi anualmente, de acuerdo a lo establecido por el Tribual de arbitramento.

Junto con la Agencia Jurídica la defensa de Colombia estuvo en manos de la firma Dechert LLP. “Nuestra estrategia de defensa estuvo centrada en que Colombia actuó de conformidad con el derecho doméstico y el Derecho Internacional, es decir, se argumentó que la Contraloría y la Agencia Nacional de Minería se ajustaron en todo momento a derecho”, acotó Gómez.

Según el director, el país ganó en el sentido de que el tribunal reconoció plena legitimidad en las actuaciones de las instancias nacionales.

Otra de las pretensiones denegadas a la multinacional era que de parte de la Contraloría no se continuara con las pesquisas sobre este tema.

“Eso se ganó porque no se le ordenó a la Contraloría en no seguir investigando este tema. Imagínese que un tribunal le ordenara a ese órgano que no volviera a investigar en esos contratos, sería un golpe a la estructura del Estado muy delicado. Eso lo desechó por completo el Tribunal”, concluyó Gómez Alzate.