La Cancillería y el Ministerio de Defensa remitieron una carta al editor de The New York Times en la que ponen en duda “la veracidad” de las versiones citadas en el artículo de ese diario sobre las ejecuciones extrajudiciales, conocidas como “falsos positivos”.

“Para llegar a la conclusión que titula el artículo, el autor se refiere a supuestas entrevistas con oficiales no identificados y a documentación oficial citada parcialmente y sacada de su contexto. Como no se han detallado las circunstancias en que esas entrevistas tuvieron lugar, nada se sabe sobre las motivaciones o, incluso, la veracidad de esas versiones”, dijeron las autoridades en la misiva, difundida por la Cancillería.

En el artículo del periodista Nicholas Casey y publicado el pasado sábado, el diario estadounidense señaló, tras revisar órdenes escritas y entrevistar a altos oficiales, que el 

Gobierno está ejecutando “otra encarnación” de los “falsos positivos”, crímenes cometidos por militares que presentaban a civiles como guerrilleros abatidos en combate para lograr premios y permisos de sus superiores.

“Seamos claros: indicadores de esa naturaleza son absolutamente inaceptables para el Gobierno de Colombia. Entre otras cosas, implican conductas que, de ocurrir, deberán ser perseguidas y castigadas en su totalidad por el sistema judicial”, prosigue la misiva.

Según The New York Times, en la institución existe una orden para que los militares “no exijan perfección” al matar, ni siquiera en los casos en los que dudan sobre el objetivo del ataque, lo cual, afirmaron algunos militares, implica desproteger a inocentes y ya ha ocasionado muertes sospechosas o innecesarias.

Además, la Cancillería y el Ministerio acusan a Casey de no incluir en el texto la versión del general Nicacio Martínez, comandante del Ejército colombiano, unas declaraciones que “contradicen” las versiones de las fuentes citadas por el NYT.

Asimismo, recordaron que la doctrina actual del Ejército no acepta resultados militares “que no cumplan con los estándares de legalidad y respeto por las normas sobre la protección de los derechos humanos y los principios de la ley humanitaria internacional”.

En la carta también afirmaron que la justicia investigó y castigó “conductas censurables” por parte de miembros de la fuerza pública, y mencionan la detención del militar que asesinó al exguerrillero de las Farc Dimar Torres el pasado 22 de abril,  en el Catatumbo.

Modificará instructivo de combate

El Ejército anunció que modificará su instrucción a las tropas en combate, presionado por una publicación que alertó sobre el riesgo de que se produzcan nuevas ejecuciones de civiles a manos de militares. 

El fin de semana, el diario estadounidense The New York Times reveló que el comando militar estaría exigiendo “duplicar” los resultados (muertes, capturas y entregas) en la lucha contra los grupos armados, sin pedirle a sus hombres “perfección” ni total “exactitud” al momento de lanzar “ataques letales”.

El artículo revivió los temores sobre los asesinatos de civiles, un escándalo que años atrás golpeó severamente la imagen de las fuerzas armadas y dejó miles de víctimas que fueron presentadas, incluso hasta disfrazadas, como rebeldes caídos en enfrentamientos. 

“Nunca hemos exigido número de bajas (muertos), nunca lo hemos hecho, nunca lo haremos, nunca lo he exigido yo. Estamos exigiendo es ser efectivos”, se defendió el comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, en declaraciones a la prensa. 

El jefe militar admitió, sin embargo, que pudo haber “una mala interpretación” por parte de “personas que no son miembros de la institución”. 

Ante el escándalo político y la preocupación expresada por organismos internacionales de derechos humanos, el Ejército decidió revisar el texto de la directriz.

“Lo que queremos hacer es cambiar ese formato para generar internamente mayor tranquilidad. Como ha sido malinterpretado lo mejor es cambiarlo”, sostuvo Martínez al telenoticiero CM&.

Críticas al mensajero

Por su parte, el gobierno de Iván Duque cuestionó el artículo periodístico, alegando que estaba “lleno de imprecisiones”, y aseguró que tendrá “tolerancia cero” con las violaciones de los derechos humanos. 

En una carta enviada al diario, ayer, el ejecutivo colombiano criticó la “visión distorsionada, parcial y tendenciosa” del reportaje, que según la Cancillería y el ministerio de Defensa se basó en documentos oficiales “parcialmente citados” y “sacados de contexto”. 

Molestos con la publicación, sectores del oficialismo lanzaron graves acusaciones contra el periodista del NYT Nicholas Casey, autor de la nota y quien salió de Colombia por las “acusaciones falsas”, que incluso sugerían que era simpatizante de la guerrilla. 

La senadora oficialista María Fernanda Cabal publicó fotografías del corresponsal con mensajes insultantes y popularizó el hashtag #CaseyEsFakeNews (Casey es noticias falsas) que fue replicado por simpatizantes del partido del gobierno.

La Asociación de Prensa Internacional de Colombia rechazó la reacción del oficialismo y pidió una “rectificación”.