Duque destacó que la firma demuestra que hay una confluencia en lo que quiere el Gobierno y lo que quieren los ciudadanos.
Colombia firmó el Acuerdo de Escazú
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Como producto de la Gran Conversación Nacional con la mesa ambiental, se firmó, este jueves, por parte del presidente Iván Duque, el Acuerdo de Escazú que protege a líderes ambientales, y brinda acceso a la información, a la participación pública y a la justicia, en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.
La vicepresidente de la república, Marta Lucía Ramírez, quien lideró junto con el mandatario esta conversación, resaltó que “le dimos el mayor interés al reclamo de varias organizaciones ambientalistas, algunos de ellos, exministros de Medio Ambiente, así como a la plataforma de jóvenes “El Avispero”, cuyas intervenciones por parte de Juliana Uribe y Álvaro Martínez de la Vega, entre otros, fueron fundamentales para que surgiera la iniciativa de revisar la viabilidad de firmar el Acuerdo de Escazú”.
Señaló que las mesas de la Gran Conversación Nacional tienen gran relevancia para los temas fundamentales del país y recogen las iniciativas de la ciudadanía.
“De esta manera se abre acceso para la justicia ambiental y se establece protección a los líderes ambientales, porque sabemos que hay comunidades indígenas protegiendo el agua y que el narcotráfico se ha ensañado con los líderes comunitarios. Este Acuerdo nos va a permitir definir parámetros que permitan una mejor protección de esos líderes ambientales. Es un gran avance para el país".
Duque destacó que la firma de este tratado demuestra que hay una confluencia en lo que quiere el Gobierno y lo que quieren los ciudadanos.
El acuerdo de Escazú, entre muchos de sus objetivos, vela por la protección de los líderes ambientales de los territorios que hacen parte de este, lucha contra la desigualdad y la discriminación, además de garantizar los derechos de todas las personas a un medioambiente sano y al desarrollo sostenible.
El tratado fue adoptado en la ciudad de Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018 y es el primer instrumento regional en el mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales.
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