La Policía Nacional extraditó este martes a Juan Carlos Francisco Bossi, requerido por la justicia argentina, catalogado por su país como uno de los más buscados a nivel internacional y por quien ofrecía una recompensa de 500 mil pesos argentinos, equivalentes a $104 millones.

Gracias al efectivo intercambio de información establecido entre las oficinas de Inteprol Argentina y Colombia, se hizo efectiva la notificación roja que pesaba sobre Bossi, sindicado de pertenecer al grupo de inteligencia militar denominado PCI (Personal Civil de Inteligencia) del Ejército de Argentina en el gobierno de Facto.

“Su búsqueda internacional se da por su “presunta participación en un plan clandestino de persecución, secuestros, torturas y desaparición física (homicidios) registrado entre 1977 y 1978” contra personas que integraban movimientos o agrupaciones durante el último gobierno de facto en la República de Argentina”, indicó el coronel Juan Carlos Gómez, jefe de la Oficina Central Nacional de Interpol en Colombia.

Delitos por los cuales se le imputan las conductas punibles de “privación ilegítima de la libertad, mediando violencia, amenazas, torturas y homicidios”, por lo cual es solicitado por el Juzgado Federal Nro. 4 de la Provincia de Santa Fe, en Argentina.

Bossi fue integrante de uno de los más grandes “Centros Clandestinos de Detención (CCD)” ubicado en Rosario, Provincia de Santa fe, denominados como instalaciones secretas empleadas para cometer torturas y desapariciones.

Igualmente, participó en los denominados “vuelos de la muerte”, considerado como uno de los modos de operar utilizados en la época, para la desaparición de personas.

De acuerdo con el análisis realizado a las huellas dactilares se determinó que Bossi adquirió de manera fraudulenta documentos de identidad colombianos, lo que aunado a sus conocimientos en el campo de la inteligencia militar le facilitaron movilizarse sin ser detectado.

A su servicio tenía cinco personas quienes se encargaban de realizar sus diligencias personales tales como pagos de alquiler y transacciones bancarias, esto con el fin de no dejar rastro de su presencia en el país.