Por tolerar y hacer bullying a una niña de apenas ocho años de edad, el Colegio Diclascalio Nuestra Señora de la Esperanza y su rectora, Yulisa Álvarez, deberán pedir perdón en un acto público, según determinó la Corte Suprema de Justicia. 

La mamá de la menor interpuso una tutela asegurando que la niña ha sido víctima de acoso y matoneo por parte de sus compañeras, la rectora y de la profesora a cargo del curso. Según consta en el expediente estas personas ridiculizan a la niña en frente de la clase y hasta en las juntas de padres de familia, esto luego de que pusiera varias denuncias ante la Secretaría de Educación de Bogotá. 

La situación provocó que la niña fuera ingresada en julio pasado a urgencias por maltrato psicológico y motivó el que se viera obligada a terminar el año escolar en su casa, además de decidir no renovara la matrícula para el 2018. 

Al conocer el caso, la Corte Suprema de Justicia hizo un fuerte llamado de atención a los planteles educativos por tolerar el acoso escolar y a la rectora de la institución pues en una reunión que citó en septiembre pasado para enfrentar este caso, lanzó expresiones agresivas a la madre de la menor. 

“En realidad se verificaron conductas de hostigamiento, intimidación, exclusión social y discriminación sufridas por la niña en el entorno escolar, que le han significado problemas particularmente emocionales y que, por demás, atentan contra su dignidad”, dijo la Corte. 

La Sala señaló que “los menores de edad tienen derecho a que se les proteja del acoso escolar por constituir una forma expandida de afectación de la honra y dignidad y una conducta que impacta negativamente en el desarrollo integral de la comunidad estudiantil”. 

La Corte resaltó que la educación es un derecho esencial que goza de especial protección por parte del Estado y que por eso hay una corresponsabilidad entre autoridades y formadores y criticó severamente a la rectora. 

“La problemática del acoso escolar como fenómeno social en los centros educativos requiere de medidas de prevención y concientización de aplicación inmediata e impostergables por tratarse de acontecimientos que atentan sobre la dignidad e integridad de los niños, máxime cuando, como es de conocimiento público, en algunos casos ha conllevado a que sus víctimas tengan alteraciones emocionales que incluso han generado desenlaces fatídicos”, dice el fallo. 

Por eso, la Corte ordenó que a los cinco días de inicio del periodo escolar de 2018, el colegio y su rectora, lleven a cabo un acto sincero de reconciliación entre la niña y sus compañeros de clase, que deberá ser documentado e informado al ICBF. 

Igualmente ordenó al colegio impartir programas para fomentar el respeto y capacitar al personal docente, entidad que además deberá hacer un seguimiento del caso. Además, se ordenó a la Secretaría de Educación y al Ministerio de Educación buscar un colegio para la niña y se ordenó atención especializada en salud para ella.