En un informe presentado este jueves en Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó su preocupación debido a que “la JEP no cuenta con una Ley Estatutaria”, pese a que ya han pasado dos años desde la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc, y un año de entrada en funcionamiento de ese tribunal.

La alerta elevada por el organismo internacional señala que esa condición ha extendido un manto de duda en la situación “de más de 600 exintegrantes de las Farc, que han solicitado la aplicación de la Ley de Amnistía ante la Jurisdicción Especial para la Paz y cuyos pedidos aún no habrían sido resueltos”.

El informe, presentado por Esmeralda Arosemena de Troitiño, presidenta de la Comisión, se conoce un día después de que la Corte Constitucional decidió dejar en manos del Congreso el debate por las objeciones que el presidente Iván Duque le hizo a la ley estatutaria.

También se pidió respeto al principio de separación de poderes y a las decisiones de las autoridades que han intervenido en la aprobación y examen de constitucionalidad del proyecto de ley. Ello con el fin de avanzar en la implementación del Acuerdo de Paz y garantizar los derechos de las víctimas.

El pronunciamiento de la CIDH se une al que en estas semanas se ha escuchado de parte de voceros de países europeos como Alemania, Suecia, Bélgica, Reino Unido, Suiza y Francia, entre otros, así como de Naciones Unidas. Tras estos respaldos, el Gobierno enfiló baterías e inició una ofensiva en el exterior para intentar explicar las razones de Duque de no sancionar la ley.

De hecho, el fiscal Néstor Humberto Martínez aseguró que tuvo una cita con la fiscal de la Corte Penal Internacional para tratar el tema; sin embargo, aún se desconocen los temas que se trataron en ese encuentro.

Recomendaciones

Sobre el tema de impunidad, una de las grandes preocupaciones por parte de los detractores de la JEP, la CIDH advierte que hará un seguimiento riguroso a las decisiones que profiera esa jurisdicción en los siete casos que hasta ahora se han abierto.

“La Comisión estará atenta a lo que resuelvan los jueces de la JEP sobre la relación de dichas conductas con el conflicto armado, las garantías brindadas a las víctimas para su participación en el proceso y al desarrollo de una investigación seria, imparcial y efectiva. Por ello, mantendrá pendiente de cumplimiento la presente recomendación”, señalan.

La CIDH, además, reconoció que el 24 de agosto de 2018, la Fiscalía presentó dos informes a la JEP respecto de 1080 casos de delitos sexuales y por motivos de género presuntamente cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas y exguerrilleros que involucraban aproximadamente 1246 víctimas, incluyendo civiles y miembros de sus propias filas.

Sin embargo, aseguran que hay preocupación pues “los informes brindan detalles sobre delitos sexuales por motivos de género cometidos con particular crueldad contra mujeres, menores, comunidades indígenas, miembros de grupos LGBTI, y líderes y lideresas sociales”.

En un informe anterior, la CIDH entregó recomendaciones para que en la JEP se adoptaran medidas destinadas a superar la discriminación que afectaba a la población afrodescendiente e instaba a que se les garantizara sus derechos en igualdad de condiciones.

El organismo, en el documento entregado este jueves, resaltó que se haya adoptado un documento guía para la presentación de informes elaborados por organizaciones de víctimas, indígenas, negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, rom y de derechos humanos colombianas, que sirve de orientación y estimula la participación.