La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) confirmó que se encuentra en alerta por el elevado número de asesinatos de líderes sociales en Colombia. Esta fue la razón para hacer un llamado al Estado donde le pide que tome medidas urgentes para proteger a las personas que defienden los derechos humanos. 

La CIDH sacó a colación las cifras reveladas por la Defensoría del Pueblo en las que aseguró que durante los primeros dos meses del 2018 perdieron la vida 22 líderes sociales. De acuerdo con el reporte, la mayoría de estas muertes se registraron en zonas alejadas y vulnerables por cuenta del conflicto armado. 

“Algunas organizaciones de la sociedad civil señalan que estos asesinatos se habrían producido en un contexto de grave violencia, habiéndose registrado en el primer mes del año más de 140 amenazas a miembros de organizaciones sociales y comunitarias y más de 2500 desplazamientos”, se lee en el documento emitido por la CIDH. 

Del mismo modo, resaltaron el señalamiento que hizo el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, quien indicó que los principales autores de estos hechos corresponden a exmilitantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que aún hacen presencia en el territorio nacional. 

De acuerdo con la Comisión, “se observa que a partir de la implementación de los acuerdos de paz, los asesinatos de personas defensoras han aumentado sostenidamente. Según la Defensoría del Pueblo, desde enero de 2017 a febrero de 2018, ocurrieron 121 asesinatos de defensoras y defensores”. 

Para la Comisión, los actos de violencia y otros ataques contra defensores de derechos humanos no solo afectan las garantías propias de todo ser humano, sino que atentan contra el papel fundamental que juegan en la sociedad. 

"Estamos muy preocupados por esta situación, y por el efecto amedrentador que tienen estos asesinatos en algunas partes del país y en la sociedad colombiana en su conjunto", dijo el relator sobre los derechos de defensoras y defensores de Derechos Humanos, comisionado Francisco Eguiguren. 

“Es obligación del Estado investigar de oficio hechos de esta naturaleza y sancionar a los responsables materiales e intelectuales. Esto debe incluir el desarrollo de líneas de investigación bajo la hipótesis de que estos asesinatos pudieran haber sido cometidos en conexión con la labor de defensa de los derechos humanos”, señala la CIDH y reclama la adopción de medidas para garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de los defensores de derechos humanos. 

“Para tal efecto, hace un llamado urgente a las autoridades colombianas para que estas medidas de investigación y protección hacia las personas defensoras de derechos humanos sean abordadas desde una perspectiva integral y coordinada sobre las fuentes de riesgo, con el objeto de abordar tanto el riesgo individual como las situaciones de riesgo de tipo estructural”.