El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, envió una carta al Consejo de Seguridad de esa organización en la que se refería al monitoreo y verificación del cese al fuego bilateral entre el Gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (Eln).

Guterres explica que para facilitar la coordinación internacional del monitoreo nombró un equipo directivo encabezado por el general José Mauricio Villacorta de El Salvador con la compañía de representantes del Gobierno, la Iglesia Católica y el Eln. “La junta nacional del mecanismo, cuya sede se encuentra en Bogotá, se  ha reunido ininterrumpidamente desde comienzos de octubre de 2017 y ha presentado dos informes mensuales sobre sus actividades a los equipos de negociación plenipotenciarios en Quito”, agrega.

Indica la misiva que se ha recurrido a otros 70 observadores internacionales y ha desplegado equipos en 30 de los 33 emplazamientos considerados de especial importancia  para el cese al fuego. “En el caso de los tres emplazamientos restantes, el personal se desplaza desde las ciudades más cercanas.

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Algunas de las zonas donde hay equipos desplegados resultan especialmente problemáticas por la situación de la seguridad. Este último factor es particularmente importante en zonas que se disputan distintos grupos armados, como sucede en el departamento del Chocó”, dice.

Señala el secretario de la ONU que no se han producido enfrentamientos armados entre las Fuerzas Armadas de Colombia y las unidades del Eln, ni este han perpetrado ataques contra la infraestructura, en marcado contraste con la situación anterior a la entrada en vigor del cese al fuego. “Si bien se han confirmado varios incidentes en los que se ha visto implicada la población civil, las comunidades de las zonas afectadas por el conflicto han informado de que la violencia ha disminuido y la situación humanitaria ha mejorado”.

Afirma el documento que se ha avanzado en la implementación del primer punto del programa de negociación. “Con el objetivo de definir la metodología más apropiada para un futuro diálogo nacional, se han llevado a cabo audiencias públicas en las que han participado organizaciones sociales muy diversas. Entre el 31 de octubre y el 16 de noviembre de 2017, 192 representantes de 181 organizaciones participaron en dichas audiencias. El informe conexo, preparado con la ayuda del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se envió el 1 de diciembre de 2017 a las partes, que deben decidir sobre las modalidades de participación de los ciudadanos en el proceso de paz”, agrega el texto.

Resalta António Guterres que a pesar de estas circunstancias favorables, se ha informado de varios incidentes, algunos de los cuales se han confirmado. “El mecanismo ha tenido dificultades para cumplir su mandato en cuanto a la coordinación de los movimientos de tropas de ambas partes, y a la prevención y la verificación de incidentes”, manifiesta.

“Estas dificultades se explican por dos factores. Uno de ellos es que persisten las diferencias entre las partes en cuanto a la interpretación de los actos prohibidos en virtud del Acuerdo de Quito.  El otro factor son las dificultades  con que se han encontrado los equipos de las Naciones Unidas para acceder a zonas  de conflicto muy remotas, donde las personas y las comunidades afectadas por la violencia suelen ser reacias a facilitar información por temor a  represalias  y  donde, en consecuencia, la verificación depende de fuentes indirectas y menos fiables”, dice la carta.

Agrega el secretario que se han observado algunos progresos entre octubre y noviembre de 2017 en relación al “carácter constructivo de su diálogo  y las actividades de los equipos de verificación de la Misión. La tarea que tenemos por delante, como reconocen todos los miembros del mecanismo, consiste precisamente en lograr que este sea más eficaz y, por tanto, un mejor instrumento para fomentar la confianza entre las partes”.

“Hasta la fecha, se han presentado 35 casos ante el mecanismo y algunos de ellos se han resuelto. Entre las dificultades estaba que el Gobierno consideraba que las operaciones emprendidas por las fuerzas armadas eran conformes a los protocolos, mientras que el Ejército de Liberación Nacional las veían como una violación del compromiso de las partes de no llevar a cabo acciones ofensivas”, indica el documento.  

Concluye la ONU afirmando que “los resultados del cese al fuego temporal, transcurridos más de dos meses desde su entrada en vigor el 1 de octubre de 2017 son sin duda alguna positivos en relación con dos de sus objetivos fundamentales: los combates han cesado y las comunidades".