Desde la primera firma de los acuerdos de paz, el primero de noviembre de 2016, a la fecha, cada semana han asesinado a un exguerrillero que se acogió al proceso de paz. Así se desprende de un documento revelado en la mañana de este sábado por el partido FARC que precisa que a la par con las 133 muertes violentas se han reportado 11 desapariciones forzadas. 

De acuerdo con el informe, Cauca (26), Nariño (22) y Antioquia (17) son los tres departamentos en los que se concentra el 48% de los homicidios. Caquetá (13) y Norte de Santander (10) completan el listado de los cinco lugares en los que más crímenes en contra de exFarc se han reportado. 

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“La ocurrencia de estos hechos se ha dado principalmente en departamentos con fuerte presencia de estructuras paramilitares y de narcotráfico”, describe un aparte del documento que fue acompañado por una declaración del Consejo nacional de los comunes en la que hacen un llamado al Gobierno para que cumpla con la obligación de “garantizar la vida y la seguridad de todos los colombianos”. 

Por municipios, Tumaco, Ituango y Argelia son las poblaciones que más ataques se han presentando en contra de los excombatientes. En la localidad nariñense se han presentado 12 de los 22 homicidios que habrían sido cometidos por los autodenominados nuevos elenos. 

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Las sospechas de los ocho asesinatos cometidos en el pueblo antioqueño recaen sobre las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo, mientras que los autores de los siete hechos de Argelia serían integrantes de la guerrilla del Eln y las disidencias de las Farc. 

Al respecto, un informe de la fundación Paz y Reconciliación plantea que una de las causas por las que se está presentando esta ola de muertes violentas obedecería a que por cuenta de la reconfiguración territorial, múltiples estructuras armadas han querido vincular a los exguerrilleros para fortalecer sus actividades criminales debido a la trayectoria y conocimiento de las estrategias de guerra, del territorio y de negocios ilícitos.

Sin embargo, ante la negativa de los excombatientes se han tomado retaliaciones que han terminado con sus vidas y hasta con la de sus familiares. 

El documento también expone que los hechos violentos han tenido un aumento este 2019. Mientras el promedio mensual en 2018 fue de 6.5, este año esa cifra ya se ubica en 6.8 acciones. 

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Aunque el gobierno ha asegurado en varias oportunidades que reforzará la seguridad y ofrecerá mayores garantías a los excombatientes de esa guerrilla que están haciendo el tránsito a la vida civil, las declaraciones no han sido de buen recibo por parte de quienes ahora integran el partido surgido tras los acuerdos. 

“Son inaceptables las explicaciones que hasta el momento hemos escuchado por parte de funcionarios del gobierno, y los informes publicados por la Fiscalía General de la Nación, en los que se presentan frías cifras sobre presuntos responsables, sin que se vea un claro compromiso por parte del Estado para garantizar la vida de todos los colombianos”, advierte un párrafo de la declaración. 

Con esta nueva alerta también vaticinaron que el partido “difícilmente” tendrá plenas garantías para la participación en los comicios electorales regionales de octubre próximo por lo que elevaron un llamado a quienes fungieron como países garantes (Cuba y Noruega) y a los expresidentes Pepe Mujica y Felipe González.