La Contraloría General de la República dejó en firme el fallo de responsabilidad fiscal por $91.133 millones contra dos ex superintendentes nacionales de Salud, tres exagentes interventores y la EPS en liquidación Saludcoop.

El argumento del jefe del organismo de control fiscal, Carlos Felipe Córdoba Larrarte, es que estos exfuncionarios desviaron recursos de la salud para fines distintos a los constitucionalmente autorizados.

Al ratificar el fallo de primera instancia dictado en mayo pasado por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción de la Contraloría General, quedaron afectados como responsables fiscales:

- Los ex superintendentes de Salud Gustavo Enrique Morales Cobo (por $21.590 millones), y Conrado Adolfo Gómez Vélez (por $9.900 millones).

- Los exagentes interventores Wilson Sánchez Hernández (por $40.291 millones), Mauricio Castro Forero (por $34.901 millones) y Guillermo Enrique Grosso Sandoval (por $15.940 millones).

- La EPS Saludcoop en liquidación (por la cuantía total del fallo: $91.133 millones).

"Estos responsables fiscales serán incluidos en el Boletín de Responsables Fiscales, donde permanecerán hasta que resarzan el daño patrimonial que causaron", destaca la decisión.

Los exfuncionarios autorizaron el pago de operaciones distintas a la prestación del servicio de salud con recursos del Sistema General de Seguridad Social (SGSSS) que se dio en la intervención de la EPS Saludcoop, durante los años 2011 a 2013.

La CGR les atribuyó a los tres exagentes interventores conducta gravemente culposa y consideró que prefirieron realizar estas erogaciones, extrañas a la finalidad constitucional de los recursos del SGSSS y al objeto social de la EPS.

También se les atribuye una conducta gravemente culposa y omisiva a los ex superintendentes de Salud Conrado Gómez Vélez y Gustavo Morales Cobo, al no emitir órdenes y actuaciones inmediatas para corregir y evitar los desvíos de dichos recursos. 

Asimismo, consideró a la compañía Axxa Colpatria Seguros S.A. como tercero responsable por la expedición de la póliza de manejo global de entidades estatales, por un valor de $1.400 millones de pesos. Contra esta decisión no procede recurso alguno.