El abogado de Carlos Solarte radicó ante la Fiscalía un escrito de recusación en contra de los jefes del ente acusador, Néstor Humberto Martínez Neira y María Paulina Riveros, y piden que su expediente sea llevado por Leonardo Espinosa, fiscal ad hoc designado por la Corte Suprema de Justicia para adelantar los procesos relacionados con lo concerniente a Odebrecht, escándalo en el que se encuentra involucrado Solarte.

La recusación también cobija al fiscal que adelanta el caso ante el estrado, Jaime Alonso Zetien, de quien se recuerda en el documento que el pasado 31 de enero el magistrado José Luis Barceló le solicitó al Consejo Superior de la Judicatura el inicio formal de una investigación disciplinaria en por las presuntas faltas ocurridas en la investigación del proceso Tunjuelo - Canoas y las irregularidades evidenciadas en la firma de los preacuerdos con los investigados.

“Está ampliamente acreditado que, previa su designación como Fiscal, el señor Néstor Humberto Martínez prestó sus servicios profesionales de abogado a la Concesionaria Ruta del Sol S.A.S (…) Lo anterior, permite concluir, que, al igual que en el caso del proyecto Ruta del Sol 2, en el proyecto Tunjuelo Canoas, es palmaria la entrañable relación entre el señor Néstor Humberto Martínez y las empresas investigadas, por lo que ha debido declararse impedido antes de adelantar cualquier tipo de actuación sobre el particular”, dice uno de los apartes del documento.

La carta radicada el martes de esta semana hace un recuento de las diferentes actuaciones jurídicas y contractuales que el entonces abogado Martínez Neira realizó cuando prestaba sus servicios a la Concesionaria Ruta del Sol.

“El fiscal general de la nación se encuentra impedido para conocer del proceso Tunjuelo-Canoas, dada su evidente relación con la empresa Odebrecht y con el señor Jorge Enrique Pizano (q.e.p.d), quien fue gerente general de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y controller de la Concesionaria Ruta del Sol, donde al parecer conoció de la consumación de varios delitos los cuales se los comentó a su entonces amigo Néstor Humberto Martínez Neira”, señala otro de los aparte del documento.

Sobre el fiscal Zetien, el abogado Guillermo Rodríguez que defiende los intereses de los Solarte, asegura que es el coordinador del ‘Grupo de trabajo para la corrupción en la contratación de Bogotá’ y que las funciones que ejerce como tal son impartidas por el propio Martínez Neira.

Para el defensor es “una utopía procesal y sustancial” pedirle o exigirle a Zetien la adopción de una postura que pueda resultar distinta de los designios que le han impartido los jefes del búnker.

“Por lo que el fiscal Jaime Alfonso Zetien se encuentra atado a esos intereses, políticas, directrices e impedimentos de sus superiores (…) nunca ha estado en condiciones para ejercer la investigación, razón por la cual se le solicita de forma muy respetuosa, que se sustraiga del conocimiento del caso Tunjuelo-Canoas por encontrarse impedido él y sus superiores”, sostiene el abogado.