Fue presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una demanda por el caso del avión HK-1803 de Avianca, que fue víctima de un ataque perpetrado por el Cartel de Medellín en 1989.

El representante legal de los familiares de las víctimas, el abogado Federico Arellano Mendoza, afirmó que la demanda interpuesta ante el organismo internacional tiene como finalidad obtener una sentencia condenatoria “ejemplar” contra el Estado colombiano.

“Es aberrante ver la inoperancia de la Fiscalía. El próximo 27 de noviembre vamos a cumplir 26 años de una impunidad vergonzosa donde no hay un solo indiciado, aún teniendo todas las pruebas que señalan a gente que está viva, y que participó en la masacre”, explicó Arellano, señalando que la petición busca una condena tanto por acción como por omisión para el Estado.

Federico Arellano, quien es hijo del cantante Gerardo María Arellano, víctima fatal del vuelo 203 de Avianca, sostiene que la preparación del documento que llevó hasta la CIDH, y que está compuesto por más de 200 folios, tardó poco más de un año en realizarse, ya que tuvo que organizar las pruebas recolectadas durante décadas de indagación.

“Es una demanda que está muy bien organizada, fielmente constituida desde el punto de vista jurídico humanitario; todo para obtener una respuesta rápida de la CIDH a favor de las víctimas”, señaló.

El abogado explica que una vez interpuesto este recurso, lo que sigue es un impulso procesal por parte de la CIDH.

Esto significa, que el organismo internacional tendrá que pronunciarse en un informe de fondo sobre el caso, presentarlo ante el Estado colombiano y esperar un pronunciamiento por parte de la nación.

“Seguramente lo que vendrá por parte de Colombia será la propuesta de una conciliación. En este caso las probabilidades de éxito en favor a las víctimas son del 100%, y seguramente la nación no querrá hacerse merecedora de una condena multimillonaria”, explica Arellano.

El ataque al avión HK-1803

El 27 de noviembre de 1989, el avión HK-1803 de Avianca estalló en el aire mientras cubría un vuelo entre Bogotá y Cali.

Según las investigaciones del caso, el atentado que perpetró el Cartel de Medellín tenía como objetivo asesinar al entonces candidato a la presidencia César Gaviria, quien finalmente no abordó el vuelo.

110 personas murieron a raíz del ataque. La bomba, que iba dentro del avión, estalló a diez mil pies de altura mientras sobrevolaba el municipio de Soacha, ubicado a 26,8 kilómetros de Bogotá.

Según el informe presentado por Aeronáutica Civil el 28 de diciembre de 1989, el artefacto explosivo fue detonado “bajo la silla No.14F correspondiente a la estación 783 del fuselaje, sobre el piso de la cabina de pasajeros”. Las pruebas químicas hechas durante las pesquisas, y que fueron adelantadas por el FBI, identificaron la presencia de 'RDX' y 'PTN' en los restos del avión.

Según evidenciaron las investigaciones, estos elementos resultaron ser “componentes de explosivos de alto poder destructivo como SEMTEX que ha sido usado por criminales terroristas en Europa y utilizado intensamente por el IRA en Irlanda del Norte”.

La investigación

En los 25 años y 11 meses que lleva la investigación, han sido señalados como autores intelectuales, Pablo Escobar y Gonzalo Rodríguez Gacha, antiguos capos del cartel de Medellín; también los jefes paramilitares Carlos y Vicente Castaño Gil. Sin embargo, las acciones penales en su contra cesaron, porque todos ellos están muertos.

Solo Dandenis Muñoz Mosquera, alias ‘La Kika’, ha sido condenado por el caso. Actualmente se encuentra en Estados Unidos purgando una pena de 10 cadenas perpetuas.

Reconocidas como víctimas

La Unidad de Víctimas, dentro del marco de la Ley 1448 del 2011, reconoció en octubre de 2013 el asesinato del tenor vallecaucano Gerardo Arellano, fallecido en el ataque, como un caso de víctima del conflicto, por la participación en el hecho de paramilitares.

La medida legal fue dictada luego de varios años en los cuales el abogado Federico Arellano, hijo del tenor, libró una batalla legal con la Unidad de Víctimas.

Los familiares de las otras 106 personas que murieron en el accidente, bajo el principio de igualdad, recibieron el estatus de víctimas del conflicto y pueden acceder a las reparaciones que el Estado entrega en estas circunstancias.

Cali | El País