Casi 1.000 indígenas abandonaron sus tierras en el noroeste de Colombia luego de que presuntos paramilitares secuestraron y degollaron a un exlíder de la comunidad nativa, informó este lunes la Defensoría del Pueblo.

De acuerdo con el ente, el 3 de diciembre tuvo lugar "la incursión" de hombres armados que pertenecerían a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo en el resguardo indígena de Bacurú Purú, municipio Bahía Solano, departamento de Chocó.

Durante la ofensiva, los agresores secuestraron al exgobernador indígena Miguel Tapí, de 59 años, quien unas horas después apareció degollado, lo que provocó el "desplazamiento masivo" de 906 personas (195 familias), según detalló el organismo en un hilo de Twitter.

El riesgo por la presencia de hombres armados en la zona había sido advertido por la Defensoría desde abril.

La Armada señaló en un boletín haber desplegado tropas y helicópteros en la zona rural de Bahía Solano para "contrarrestar la presencia de Grupos Armados Organizados".

Limítrofe con Panamá, Chocó es un departamento selvático en donde guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (Eln) y remanentes de paramilitares se disputan los réditos del narcotráfico y la minería ilegal de oro.

Con acceso al Pacífico y al Caribe, Chocó cuenta con 89% de población indígena y negra, y es el departamento con mayor "pobreza monetaria" de Colombia (61,1%), según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

Los indígenas son víctimas recurrentes de grupos armados en zonas apartadas del país, donde el estado tarda en llegar tras la firma de la paz con la guerrilla Farc en 2016. Las autoridades nativas aseguran que al menos 313 de los suyos han sido asesinados durante el mandato de Iván Duque, al poder desde agosto de 2018.

El gobierno culpa a grupos que se financian del narcotráfico de la sangría.

Principal grupo narcotraficante del país, las AGC o Clan del Golfo, surgen de remanentes de bandas paramilitares desmovilizadas en 2006 y cuentan con unos 2.500 integrantes, según la Fundación Paz y Reconciliación.

Aunque el grupo fue fuertemente mermado por una ofensiva estatal tras el acuerdo de paz con las FARC, actualmente es "la estructura criminal heredera del paramilitarismo más fuerte del país", que ha logrado consolidarse en las zonas en disputa con otros actores armados, de acuerdo con la misma fuente.

Colombia aún vive un conflicto que en casi sesenta años deja más de nueve millones de víctimas, en su mayoría desplazados.