La Fiscalía General de la Nación informó que este viernes fue capturada Leonor Herreño Aguilar, quien es señalada de haber incurrido en falsedad en documento público, fraude procesal y cohecho por haber convalidado títulos irregulares para realizar cirugías plásticas.

La funcionaria, quien trabajó durante 25 años en el Ministerio de Educación, fue puesta en evidencia por las denuncias que puso dicha entidad sobre el caso de los dos médicos que convalidaron títulos de la Universidad Nacional Mayo de San Marcos en Perú y que permitió establecer que dentro de la misma entidad debían existir actos de corrupción para que se aprobaran estos títulos.

La primera denuncia se dio desde el 6 de noviembre de 2015, cuando el ministerio puso en conocimiento de la Fiscalía las denuncias del Tribunal de Ética Médica de Risaralda, relacionadas con la presunta falsedad de los títulos obtenidos por Cristian Felipe Borrero Guerrero y Carlos Eduardo Calderón Carrascal, quienes acreditaban estudios en Cirugía Plástica y Estética de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Perú.

En una segunda comunicación, del 13 de mayo de 2016, el ministerio denunció y aportó pruebas sobre presuntas irregularidades en la documentación presentada por Borrero y Calderón para la convalidación de sus títulos en el exterior.

Finalmente, el 11 de julio de 2016, el ministerio remitió una tercera denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, relacionada con presuntas irregularidades en las certificaciones de estudios y prácticas realizadas por un grupo de 43 médicos, quienes convalidaron en Colombia el título de especialización en Cirugía Plástica, Reconstructiva y Estética en la Universidad Veiga de Almeida de Rio de Janeiro, en Brasil.

De acuerdo con William Mendieta, secretario general del Ministerio de Educación, por las fechas en que la funcionaria estuvo en cada área de la institución, Leonor Herreño no podría estar involucrada en las convalidaciones de los títulos de la Universidad Veiga de Almeida de Brasil, aunque aseguró que es la Fiscalía, quien deberá establecer si también esta implicada en estos otros casos de convalidaciones fraudulentas.

Después de conocer la información otorgada en la Fiscalía, que señalaba a Leonor Herreño Aguilar como presunta responsable, el Ministerio de Educación decide suspenderla temporalmente del cargo por un periodo de tres meses, mientras se resuelve su situación jurídica en aras de no obstaculizar el proceso.

No obstante, en caso de ser hallada responsable de las conductas por las que es investigada, la funcionaria podría enfrentar una sanción de hasta 20 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos, además de las sanciones penales correspondientes.

Bogotá | Colprensa