El fiscal General de la Nación, Luis Eduardo Montealegre, anunció que en las últimas horas el ente acusador capturó a cuatro personas quienes presuntamente habrían participado en un desfalco de 2.200 millones de pesos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en La Guajira. 

"Los fondos que eran destinados para la Guajira estaban siendo desviados por funcionarios del ICBF, y por contratistas que habían celebrado convenios con el Estado para la atención de los menores, después de casi cinco meses de trabajo, la fiscalía da a conocer los primeros resultados de una exhaustiva investigación", explicó el fiscal.

Los dineros que tenían que ser empleados para la atención de niños y niñas menores de cinco años o hasta su ingreso a transición, así como para madres gestantes y lactantes estaban siendo empleados de manera fraudulenta por parte de los contratistas responsables del servicio. 

"La Fundación un 'Mejor Vivir' celebró 10 contratos con el ICBF por más de 10 mil millones de pesos, para atender a cerca de 5 mil niños" dijo el Fiscal y agregó que las irregularidades habría alcanzado una defraudación de más de 2 mil millones.

Según el jefe del ente investigador, cuando la Fiscalía realizó la revisión de las finanzas de uno de los operadores conocido como 'Fundación un Mejor Vivir', contratado por el ICBF, se logró determinar que los contratos fueron cobrados de manera fraudulenta con la creación de falsos cupos para beneficiarios inexistentes. 

Tras una inspección del ente acusador con la Registraduría Nacional se estableció un registro de 304 niños de quienes no se pudo comprobar su existencia a pesar de lo cual se recibían los servicios del programa. Es decir, se trataba de cupos 'fantasmas'.

Además, dentro de los 2.200 millones de pesos que habrían sido defraudados, cerca de 670 millones eran sustentados fraudulentamente a través de la alteración y falsificación de firmas que respaldaban cuentas de cobros de refrigerios, servicios de transporte y logística, prestada a los menores en La Guajira.

La Fiscalía tiene vigentes siete órdenes de captura por estos hechos, entre los cuales habrían funcionarios del ICBF. Por el momento, el ente acusador aprehendió a la servidora del ICBF María Isbelda Hernández Roys; la contadora de la Fundación un Mejor Vivir, Yiseth Fince Bravo; el encargado de la provisión de refrigerios y mercados, Ramiro Lizarazo; y el creador de la empresa fachada Robinson Antonio Román Dávila.

La Fiscalía imputará a los capturados los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación, falsedad ideológica y material en documento público y privado. Y buscará hacer efectivas tres capturas más de personas relacionadas con la presunta red de corrupción.

Bogotá | Colprensa