Funcionarios de las Faes afirmaron que fue detenida en el sector El Milagro de la ciudad de Maracaibo.
Cae la fugitiva excongresista Aída Merlano, en Maracaibo
La excongresista Aída Merlano, condenada en Colombia por delitos electorales, fue capturada en Venezuela casi cuatro meses después de haberse fugado durante una consulta médica, informaron autoridades policiales venezolanas.
La Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES) ejecutó el arresto de Merlano en Maracaibo, capital del fronterizo estado Zulia, publicó en Instagram el director de ese cuerpo, Miguel Domínguez.
La excongresista “ingresó en territorio venezolano de forma ilegal en compañía de un ciudadano colombiano indocumentado”, agregó.
El mensaje acompaña una foto de ambos, de espaldas, en la que se observan sobre una mesa pelucas, documentos y teléfonos celulares.
Condenada a 15 años de prisión el 13 de septiembre pasado por comprar votos en las elecciones generales de 2018, Merlano protagonizó un escape de película el 1 de octubre, cuando huyó de un centro médico en Bogotá, donde recibía atención odontológica con la supervisión de autoridades carcelarias.
La excongresista de 38 años se descolgó por una ventana a través de una soga roja, cayó de manera aparatosa ante sorprendidos transeúntes y se subió a una motocicleta que la esperaba en la calle.
Todo quedó grabado en una cámara de seguridad y el video se viralizó en redes sociales.
A raíz del escape, el ministerio de Justicia pidió la renuncia del director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, William Ruiz, y la remoción de las autoridades de la cárcel bogotana de mujeres El Buen Pastor, donde estaba recluida Merlano y que otorgó el permiso de salida.
La de Merlano es una de las condenas insignias por compra de votos en Colombia. En el proceso, la Corte Suprema ordenó investigar a 17 personas, entre ellas el senador Arturo Char o el empresario Julio Gerlein.
Las autoridades venezolanas no se han referido a la posible extradición de Merlano.
Hechos relevantes desde la fuga
1 de octubre de 2019. La excongresista Aída Merlano, presa por haber liderado una empresa ilegal de tráfico de votos en Atlántico, escapó de un centro médico en el norte de Bogotá, lanzándose con una cuerda de un segundo piso. Un video revelado en ese momento mostró como cayó a la calle, en donde fue ayudada por un hombre, que se la llevó en una moto con rumbo desconocido.
2 de octubre de 2019. La fuga de Merlano provocó la salida de sus cargos del general William Ruiz, director del Inpec, y de la directora de El Buen Pastor, Diana Muñoz, como consecuencia de la cadena de errores que facilitaron la fuga.
4 de octubre de 2019. Fueron capturados en Barranquilla, dos hijos de la excongresista Aida Merlano: su hija, Aída Victoria Merlano, que fue trasladada a Bogotá, y un menor de edad que fue liberado posteriormente.
En Bogotá se entregó a las autoridades el teniente coronel retirado del Ejército, Javier Guillermo Cely Barajas, el dentista que presuntamente atendió a la excongresista del Partido Conservador Aída Merlano. Cely es señalado de favorecer la fuga de Merlano Rebolledo por lo que fue expedida una orden de captura en su contra.
8 de octubre de 2019 La jueza 12 de garantías de Bogotá decidió que Aída Victoria Merlano Manzaneda y Javier Guillermo Cely Barajas debían ser dejados en libertad, pues determinó que no había evidencias de que pudieran obstruir la investigación y la gravedad de las conductas imputadas no lo ameritaba.
David Alexánder Álvarez, que hasta la fuga de la excongresista conservadora Aída Merlano era el comandante del Cuerpo de Custodia y Vigilancia de El Buen Pastor, fue capturado como sospechoso de haber participado en el escape de Merlano. La firma de Álvarez, además, aparecía en el permiso que se le dio a Merlano para acudir al consultorio de donde se fugó.
11 de diciembre de 2019. En una carta publicada en la cuenta de Instagram de su hija, la exsenadora Aida Merlano manifiesta que está dispuesta a entregarse a las autoridades si se le respetan sus garantías.
¿Extradición embolatada?
La captura en Venezuela de la exsenadora Aída Merlano, quien estuvo prófuga de la justicia colombiana por casi cuatro meses, pone ahora en un difícil dilema al Gobierno del presidente Iván Duque sobre el trámite que debe seguir para pedirla en extradición: ¿Se solicita la extradición al gobierno de Nicolás Maduro o al del presidente reconocido por Colombia, Juan Guaidó?
Por ahora, la Cancillería colombiana no se ha pronunciado al respecto. Desde hace casi un año, Colombia rompió relaciones con el Gobierno de Nicolás Maduro, y decidió reconocer a Juan Guaidó como el presidente legítimo de ese país, pese a que este no tiene el control de la institucionalidad.
En ese momento, desde los distintos sectores, se advirtió que romper las relaciones entre ambos países traería consecuencias en términos de colaboración para combatir el crimen binacional o para colaboraciones de tipo humanitario. Ahora, con la captura de Merlano esas advertencias se concretan.
Para Sebastián Bitar, experto en relaciones internacionales, es curioso que sea la misma Fuerza de Acciones Especiales de ese país, a través de su cuenta en Instagram, la que haya confirmado la captura de la excongresista, debido a que surge la pregunta de si el Gobierno de Nicolás Maduro tenía este propósito, y de ser así, qué beneficio busca.
Bitar dijo que lo primero que hay que preguntarse es por qué Merlano escogió Venezuela como país para esconderse, cómo atravesó la frontera, quién la ayudó a pasar a Venezuela, y si hubo alguna fracción de la Guardia Nacional venezolana involucrada en su fuga.
Agregó que es muy posible que Nicolás Maduro quiera algo a cambio por la extradición de Merlano, pero que es muy posible que esta negociación no se haga pública porque no hay mecanismos diplomáticos disponibles debido a la ruptura de relaciones entre ambos países.
Así mismo, advierte el experto, Guaidó no podría interferir porque lo que existe entre la administración Duque con este es una relación simbólica, que en su momento, se pensó sería transitoria por poco tiempo.
Las autoridades ofrecían una recompensa de hasta 200 millones de pesos para quien entregara información de su paradero.
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