Ya está en marcha el Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), que será el encargado de aprobar el programa de atención, restablecimiento de derechos, reparación y reincorporación a los menores de edad que salgan de las Farc.

Sobre este proceso, clave en el posconflicto, Colprensa habló con Paula Gaviria, directora de la Alta Consejería para los Derechos Humanos, entidad que lidera el programa denominado ‘Camino diferencial de vida’. Detalló la ruta de atención que tendrán esos niños, que, hasta el momento, serían cincuenta.

- ¿Qué decisiones han tomado para recibir a los niños que salgan de las Farc?

Aprobar el programa ‘Camino diferencial de vida’, que es el de atención integral para estos menores de edad; aprobar un protocolo de salida, con toda la ruta de recogerlos en las zonas veredales y aprobar diez lugares de acogida transitorios, a donde van a llegar, para ser atendidos en una primera etapa por Unicef, con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Esto, bajo los lineamientos del ICBF y veinte entidades más del Estado, en el programa que lidera la Consejería.

- ¿Qué pasa cuando entran los menores al programa?

Se empieza con el restablecimiento de sus derechos y la identificación de las familias. Es buscar cuál es el entorno más garantista de los derechos de los menores, en los que van a desarrollar sus proyectos de vida. Puede pasar que sea su familia biológica, su familia extensa o que sea otra posibilidad. El programa también se ocupa de las familias que normalmente son muy vulnerables, cuyos entornos fueron expulsores y para las que el Estado ahora tiene la obligación de garantizar que estén bien en las comunidades.

- ¿Qué compromisos han cumplido las Farc?

Adquirieron el compromiso el pasado 26 de enero de facilitar información sobre los menores de edad, a medida que fueran llegando a las zonas veredales. Esa información la empezamos a recibir el fin de semana pasado y ya contamos con un primer listado de cincuenta menores de edad, que está en proceso de consolidación.

- Es decir, no era la cifra de trece menores que se había señalado inicialmente…

Los trece fueron la primera información que llegó, pero realmente son más de 50. Y hay unos Bloques (de las Farc) que todavía no han completado la información, que están terminando su agrupamiento en las zonas veredales.

- ¿Esos listados incluirán a personas que hayan sido reclutadas por las Farc siendo menores de edad y que ahora ya son mayores?

No. Solo los actuales menores de 18 años. Necesitamos que nos entreguen a todos los menores de esa edad. Cuando lleguen a los lugares de acogida se hará la valoración de las edades por parte de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Nos pasó con los trece menores que llegaron en septiembre: muchos no tienen ni tarjeta de identidad ni registro civil. No es tan fácil determinar edades. Ese es uno de sus primeros derechos.

- ¿Estos lugares de acogida en dónde estarán ubicados?

Estarán ubicados en municipios cercanos a las Zonas Veredales. Prefiero no dar información de sitios por el momento, porque es un proceso de cuidado, de proteger a los menores. Pero, son diez lugares de las 26 zonas veredales. Municipios cercanos.

- Después de la identificación, ¿qué sigue?

A la Zona Veredal llega una comisión del Comité Internacional de la Cruz Roja y otras organizaciones, para hacer una pedagogía a los menores de edad sobre en qué consiste el programa, cuál será la ruta. Son menores de edad que tienen muchas expectativas, que pueden estar nerviosos. Pero también hay una valoración médica inicial que hace el CICR y en los lugares de acogida habrá otra valoración en salud más a profundidad. Luego, se inicia el proceso de restablecimiento de derechos como tal, el tema de la identidad y la identificación de las familias.

- ¿Cómo hacen para hallar a la familia de un niño que pudo ser reclutado en cualquier parte del país?

Casi siempre los menores tienen alguna información o algún contacto familiar. Si no lo tienen, como pasó con uno de los menores que salió en septiembre, se busca con las redes del ICBF, con apoyo del CICR. Terminamos, en esa ocasión, de encontrar a todas las familias. Es un proceso que no es fácil, porque también hay que evaluar la relación con las familias, verificar si es un entorno protector, si hubo violencia intrafamiliar o problemática que hizo que el menor se fuera a la guerrilla. Es posible que la familia vaya al lugar transitorio para empezar el proceso de adaptación. Ha pasado que los menores quieren estar mejor con un tío o un abuelo, son otras posibilidades.

- ¿Qué se han encontrado? ¿Quiénes son estos niños?

Son niños con todo tipo de historias. Algunas difíciles, con muchas precariedades, de municipios dispersos, con dificultades económicas. Según la Corte Constitucional, que la familia no tenga posibilidades económicas no implica que no puedan estar juntos. Al contrario, el Estado debe garantizar las condiciones para que esa familia pueda tener los medios y atender a ese menor de edad. Se dan historias de  niños que llevaban tres o cuatro años en la guerrilla, otros con un año y por eso el vínculo con el grupo armado es diferente. Hay que ver un continuo: su historia personal y familiar antes de ingresar al grupo, su historia personal en el grupo y su historia ahora que salen. ¿Qué quieren hacer? ¿Qué proyectos tienen?

- ¿Qué pasa si un menor no quiere regresar a su familia o no la tiene?

Se debe insistir en encontrar un entorno familiar; mientras tanto, el ICBF puede atenderlos en los hogares de protección. En esa situación hay cuatro de los trece de septiembre, porque en algunos de los casos sus familias y ellos decidieron que el menor permaneciera un rato más en el hogar, para que pudiera seguir sus estudios en capitales y no en las zonas alejadas, de donde son. Mientras tanto se define la situación, que la familia extensa de pronto esté en las capitales o que se encuentren otras oportunidades; incluso si el menor está próximo a la mayoría de edad y quiere conformar una nueva familia.

- ¿De dónde provienen los recursos para el programa?

Primero, recursos del Estado, porque la responsabilidad es del Estado. Segundo, se ha buscado apoyo de la UNICEF y de la Organización Internacional para los Migrantes. La OIM ha sido fundamental en las adecuaciones de los lugares, que deben ser seguros y dignos. Y hay proyectos más grandes, como el que se lanzó en la Cumbre Mundial por parte de la Unión Europea, que busca fortalecer a organizaciones sociales que trabajan en procesos de acompañamiento a menores de edad que han estado en la guerra.

- ¿Cómo hacen ustedes para evitar que estos menores terminen vinculándose a otros grupos ilegales?

El enfoque del programa es preventivo. Al lograr que el joven pueda desarrollar su proyecto de vida en entornos protectores, en familias que están con las mejores condiciones, en comunidades que también están siendo atendidas con respuesta del Estado, se mitiga el riesgo de que sean utilizados o que se vuelva atractivo para ellos volver a un grupo armado al margen de la ley o al crimen organizado. Es toda una estrategia de respuesta, de oferta institucional y de seguimiento de cada uno de estos menores, hasta que se enganchen en su proyecto de vida y un entorno de seguridad.

- Hay una petición de varias entidades para que se concrete un plan de atención para las mujeres de la guerrilla embarazadas y/o lactantes, incluyendo a las que sean menores. ¿Se ha avanzado al respecto?

Este programa del que he hablado cubre a los menores de edad que fueron reclutados, que son víctimas. No cubre a quienes hayan podido ser hijos de familias de la guerrilla, porque es un programa de restablecimiento de derechos y de reparación. Es otra modalidad. Lo que tengo entendido es que Unicefr, con el Ministerio de Salud y con la red hospitalaria están en el diseño de un protocolo para identificar cómo será la atención y el seguimiento a esto niños, que el Defensor del Pueblo ha llamado los hijos de la paz.

- Fuera del recibimiento de los menores de edad, ¿qué otra actividad maneja la Consejería en las zonas veredales?

Tenemos la política nacional de derechos humanos; lo que queremos es coordinar nuestras acciones a las zonas que requieren prioridad. Por ejemplo, tenemos un trabajo fuerte en Guaviare para la prevención del reclutamiento, como en 180 municipios del país, que se complementa muy bien con el programa que nos encargaron liderar. También acompañamos a las entidades que trabajan en el seguimiento de amenazas y homicidios de líderes sociales. Y hacemos un trabajo en cultura de derechos humanos. Creemos que el país debe hacer un cambio de mentalidad. Hay que cambiar el discurso de estigmatización y de rechazo.

- Se ha señalado que personas de las Farc que han abandonado el proceso, estarían reclutando. ¿Han recibido alertas?

Pusimos en el Mecanismo de Verificación y Monitoreo las denuncias que sacó la Defensoría del Pueblo en el Guaviare, en donde presuntamente una disidencia del Frente Primero estaba reclutando a menores de edad. Eso lo supimos el año pasado y este nos lo ratificaron algunos alcaldes de la zona. El procedimiento es que el Mecanismo hace la evaluación y verifica si esto se da o no.

- Mencionaba a los líderes sociales, ¿cómo avanzan las gestiones sobre este panorama preocupante de muertes de líderes que no se sabe si están conectadas una con otra?

El 3 de febrero el presidente de la República sancionó el decreto que crea la Comisión Nacional de Garantías, que es una de las instancias del Acuerdo Final para garantizar la protección, la seguridad, tanto de las Farc, cuando se conviertan en partido, como de líderes sociales y otros movimientos políticos. La Fiscalía ha avanzado en el proceso de investigación, hay un trabajo importante de la Policía, hay una mejora sustancial en la coordinación interinstitucional y hay unos mensajes permanentes por parte del presidente respecto que la vida de los defensores es valiosa, que no vamos a dejar que los sigan amenazando y asesinando. Obviamente necesitamos rodearlos, porque con ellos vamos a construir este país.