Cerca de 3.800 adultos mayores, quienes actualmente están internos en centros geriátricos, resultarían afectados con el posible cierre de 60 asilos en Santander. Otras 12 mil personas, quienes que reciben diversos servicios ambulatorios, también se quedarían sin atención. Los directores de estos hogares aseguran que de no recibir más recursos: “cerraríamos en 2019”.

“En nuestro centro del adulto mayor duermen 20 personas en un cuarto... la casa en donde estamos ubicados tiene problemas, se construyó hace más de 100 años. Esta situación es muy indigna…”, denuncia Doris Suárez, representante legal del Hogar San José, en el municipio de Puente Nacional.

Este es uno de los cerca de 60 asilos de Santander, que actualmente afronta una grave crisis ante la falta de recursos económicos para su funcionamiento. Los directivos de dichos centros geriátricos denunciaron este miércoles que, de no existir un aumento en el dinero girado por el Estado, es “inminente” el cierre de muchos de estos establecimientos para 2019.

La falta de recursos, para garantizar su correcta operación, generó que en la mayoría de estos asilos se registren fallas y deterioro en la infraestructura, poca dotación para la realización de actividades o de terapias, además de retrasos en el pago de honorarios al personal que se encarga del cuidado de los adultos mayores.

Problemas de hacinamiento

“Son 53 adultos los que cuidamos, 29 hombres y 24 mujeres. El mayor problema que tenemos es que vivimos en una casa muy vieja, ya tiene más de 100 años. El techo tiene daños…”, denunció Doris Suárez, representante el Hogar San José de Puente Nacional.

Según Suárez, aunque desde hace varios años se construye una nueva sede para dicho centro, “por falta de dinero no se ha podido terminar. No está acondicionada y falta dotarla”.

Es tan crítica la situación en Santander, que algunos directores de asilos aseguran que el dinero ya no les alcanza ni para costear los suministros alimenticios.

“Por fortuna nuestro pueblo es muy generoso y la comunidad nos dona casi todo el alimento que necesitamos. Si no fuera así, no alcanzaría para darle de comer a los 100 adultos que cuidamos”, expresó Claudia Pinto, administradora del Centro Gerontológico y Vida Luisa Marcelina, en el municipio de Mogotes.

El dinero que reciben estos asilos en Santander, de acuerdo con lo asegurado por Pinto, no representa ni el 50% de los costos de funcionamiento en cada establecimiento. “Actualmente los gastos mensuales del Centro rondan los $40 millones, pero solo nos está llegando cerca de $20 millones”.

“Esta situación nos lleva a retrasarnos con pagos de nómina y de servicios públicos. Ya ni con los bazares, ni con los bingos nos alcanza”, agregó la Directora del asilo Luisa Marcelina.

¿Cuánto cuesta mantener un adulto?

Directores y representantes de los centros geriátricos en Santander aseguran que los recursos que dispone el Estado, a través del cobro de la ‘Estampilla Pro Anciano’, no alcanzan para cubrir los costos de operación.

Ellos afirman que el dinero que se gira en la actualidad solo cubre cerca de un 3% de los gastos que representa la manutención de un adulto mayor. Tal cifra hace referencia a un adulto sin cuidados médicos especializados, pues en dichos casos el costo de su mantenimiento se duplica.

Ludy Zapata, directora del Asilo San Rafael de Bucaramanga y presidenta de la Asociación de Centros de Bienestar del Adulto Mayor en Santander, calcula que “el adulto que necesita una atención en salud permanente, por enfermedad o discapacidad, representa un costo de mantenimiento cercano a los dos millones de pesos mensuales. Para una persona mayor con cuidados convencionales, se necesitan aproximadamente $900 mil al mes”.

“Por parte del Estado, sumando los recursos que nos gira la Gobernación de Santander y la Alcaldía de Bucaramanga, estamos recibiendo un promedio de $30 mil mensuales por cada adulto que atendemos”, agregó Zapata.

Nelly López, representante legal del Asilo San José, en el municipio de Guadalupe, dijo que el problema financiero que afronta es tan serio que ya les adeuda varios meses de honorarios a los trabajadores del centro de bienestar.

Según López, “estoy debiendo más de cuatro meses de sueldo al personal que labora en el centro. Son 12 personas, entre auxiliares y manipuladoras de alimentos. Ellos se encargan del cuidado y de las terapias de los 54 adultos que tenemos”.

“Si esto sigue así, nos va a tocar entregar el otro año estos adultos a la Gobernación para que se encarguen de su cuidado”, agregó.

Para Ángel Quiñones, director de la Fundación Hogar Luz de Esperanza y presidente de la Federación Nacional de Centros Vida del Adulto Mayor, tal crisis no da más espera y por ello algunos asilos, como el del municipio de San Benito, cerraron ante la falta de recursos.

“Esta situación se agravó hace más de tres años. Cada día atendemos más adultos, nos exigen más requisitos y seguimos con los mismos recursos. Lanzamos un S.O.S. para evitar el cierre definitivo e inminente de estos ancianatos”, aseveró Quiñones.

Este líder también se queja de las exigencias que están haciendo las autoridades de salud municipal y departamental. Afirma que, por ejemplo, se pide disponer una habitación para cada anciano. Del mismo modo, dijo que se está solicitando la contratación de más personal y mejoras locativas.

“Han enviado oficios a todos los asilos. Nos advirtieron que si antes del 18 de enero próximo no hemos hecho el mejoramiento solicitado, nos impondrán cierres. Es algo injusto, en vez de ayudarnos nos persiguen”, manifestó Quiñones.

¿Qué dice la gobernación?

El giro de dinero para los centros vida del país proviene, únicamente, del recaudo de la ‘Estampilla Pro Anciano’. Tales recursos se obtienen mediante una retención que se hace en todos los contratos realizados por gobernaciones y alcaldías.

En el caso de la Gobernación de Santander, el 2% de los recursos de la contratación se destinan a dichos asilos.

“También aportan cada municipio. Entre más alta sea su categoría, mayor es el dinero que entregan”, informó Gustavo Angarita, director Social del Gobierno Departamental.

El funcionario reconoció que estos recursos no alcanzan para la correcta operación de los ancianatos en la región, pero hizo énfasis en que “esto lo decidió el Ministerio de Salud en la Ley 1276. Lo que vamos a hacer es elevar una petición ante el Congreso, entre Gobernación y Asamblea de Santander para hallar soluciones”.

“Hemos cumplido con nuestra obligación. Vamos a estudiar si podemos adelantar el giro, que estaba programado para enero, para efectuarlo el próximo mes”, agregó Angarita.

Otra solución que se analizará, según lo afirmado por el Director Social de la Gobernación de Santander, es “que destinemos unos recursos adicionales, propios del Departamento, para los centros vida. Hablamos de un presupuesto de $5 mil millones, diferente a los de la Estampilla”.