Con ánimo de responder a la pregunta ¿qué pasará después de la firma de la paz?, la Fundación Paz y Reconciliación realizó una investigación enfocada a la seguridad y los diferentes escenarios que se pueden dar en el posconflicto. Esto, en el marco del nuevo libro 'Los retos del posconflicto. Justicia, Seguridad y Mercados Ilegales', de León Valencia y Ariel Ávila.  

En ella se contemplan conclusiones sobre los escenarios y aspectos que se deben tener en cuenta en el país frente al proceso de desmovilización y reintegración de las Farc. Una de ellas, que sienta un precedente en comparación con los demás procesos de paz, es que los excombatientes volverán a sus territorios.

Así pues, se debe tener en cuenta que "el grupo guerrillero de las Farc hace presencia en 242 municipios y en 112, existe una capacidad amplia de injerencia en la vida política y social". Municipios que se agrupan en 14 regiones  en donde vive más del 12 % de la población colombiana.

A raíz de ello se generarán diversos retos en los que se debe encontrar la mejor solución considerando la trayectoria, el poder y la confianza que algunas de las comunidades tienen el grupo insurgente.

Uno de esos, cuenta la investigación,  tiene que ver con la institucionalidad paralela creada por las Farc, que es diferente según la región: "Esta institucionalidad paralela se expresa por medio de mecanismos de resolución de conflictos, ordenamientos en la convivencia, en la economía y en las leyes comunitarias".

Lo que conlleva directamente a que en muchas zonas del país,  la confianza de las comunidades está con las Farc y no con las instituciones del Estado. Y es que según cifras de la Fundación, "de los 281 municipios donde las Farc y el Eln tienen presencia, solo el 24 % de estos municipios posee algún mecanismo de resolución de conflictos, lo cual deja un gran vacío que lo han sabido llenar las Farc y el Eln".

Ejemplo de ello, cita el libro, es el siguiente testimonio: "'Los problemas de la vereda nunca los tratamos con el defensor del pueblo o con el Estado, porque nunca dan una solución efectiva, por eso siempre uno los busca a ellos, porque ellos sí hacen cumplir las normas y no se dejan mamar gallo'", afirma un campesino.

Así pues, dice la investigación: "La institucionalidad paralela de las guerrillas funciona de una manera eficiente y eficaz, aunque despótica y autoritaria".

A eso se suma a que en el proceso de la lucha contra el narcotráfico por parte del Estado, se han venido hostigando a los campesinos dedicados al cultivo de coca, lo que ha generado que las Farc los defienda, razón por la cual, "en muchas zonas el intruso es el Estado y la autoridad es las Farc".

Por lo anterior, y como parte de las conclusiones generales del libro, que toma con más detalle cada uno de los puntos se afirma que permanece la siguiente propuesta: "Que se promueva la creación de una policía rural donde participen excombatientes guerrilleros y miembros de la policía y el Ejército".

Una idea que califican como 'espinosa' para la comunidad urbana y las Fuerzas Militares, pero "para la población rural esta sería una solución ante las amenazas que se proyectan en el posconflicto".

Por ejemplo, señalan: "Ante la lucha contra las economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal las Farc y el Eln, en menor intensidad, no solo sacan rentas de estas economías, sino que también regulan los precios y administran la convivencia en los territorios en donde se comercian estos productos".

Es decir, "que ante la ausencia de estas fuerzas habrá un vacío de poder que otros grupos armados ilegales y organizaciones criminales, en especial narcotraficantes, querrán llenar, con el potencial de generar violencia en los territorios para las comunidades y poniendo en riesgo la vida de los excombatientes".

La seguridad física de los excombatientes

'Los retos del posconflicto', también especifica los posibles conflictos que se podrían dar con el retorno de las Farc a sus comunidades de origen, lo que se liga directamente con la seguridad de los desmovilizados, tema central que hoy permanece en la mesa de diálogo con las Farc.

La investigación señala que se deben diferenciar dos aspectos: uno, debe ser lo que será la protección para los exguerrilleros que se conviertan en líderes sociales y lograr evitar que se repita la historia de la Unión Patriótica; dos, la seguridad para los grupos de desmovilizados o de personas cercanas a ellos que lideren procesos de sustitución de economías ilegales: "El riesgo de que sean asesinados podría ser alto en varias regiones del país", afirman.

También, se deben tener en cuenta los procesos de reconciliación y de convivencia que se podrían dar cuando vuelvan. La investigación señala tres aspectos.

Primero: "Muchas familias desplazadas intentarán retornar a sus tierras y chocarán con los ocupantes": con el proceso de paz, lo más posible es que las personas que abandonaron sus predios y se trasladaron a las cabeceras municipales quieran recuperar lo perdido; pero al volver se encontrarán con los nuevos ocupantes del territorio que también se han desplazado de otras regiones. "De hecho en varias de estas zonas han existido hasta dos o tres repoblamientos en la última década".

Segundo: "En algunas zonas incluso se podría dar venganzas de parte de miembros afectados por la violencia de las Farc", señala la investigación. Y, en tercer lugar, está  el conflicto "derivado de las aspiraciones políticas, tanto de las miembros del sector armado de las Farc, así como de los miembros del sector político y también de liderazgos sociales no orgánicos de las Farc", pues los que lleguen querrán liderar, mientras que los que han liderado durante este tiempo no querrán ceder su poder.

Por último, apropósito de que no ha iniciado formalmente el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional, están las posibles coincidencias que vayan a tener los desmovilizados y los insurgentes del Eln; pues los dos se encuentran en 7 regiones.

"Cuando se negocia con un actor armado ilegal y otro no, existen dos posibilidades. O bien el actor que se mantiene en hostilidades subsume tropa y mandos del actor que negoció, o bien el actor que se mantiene en hostilidades masacra la base social o a los excombatientes del actor que negoció. Generalmente la última opción es la más común", señala la investigación.

De esta manera, se hace visible la complejidad de garantizar la seguridad de los desmovilizados, sumado al aumento de los asesinatos de líderes sociales que se han registrado en los últimos meses y las crecientes denuncias por la reaparición de grupos paramilitares. Cuestión, que también tiene estancada a la mesa de negociaciones y que se asocia con la dejación de armas por parte del grupo guerrillero.

El libro, de Ediciones B, también hace referencia a las bandas criminales, a los retos nacionales del posconflicto, a las relaciones de grupos armados, así como reflexiones sobre cómo debe empezar a hacerse la reconciliación.

*Bogotá | Colprensa