En esta época de emergencia, mientras la mayoría de los ciudadanos permanece en casa para cuidar su salud, los organismos de control (las llamadas ías: Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría) tienen más trabajo que nunca.

En las últimas semanas, han tenido que afilar su olfato para identificar a los funcionarios públicos que aprovechan para hacer de las suyas en esta situación extraordinaria, en la que es necesario firmar una avalancha de contratos en muy poco tiempo para poder atender la emergencia.

Esta semana, las tres entidades presentaron un informe conjunto de sus investigaciones, que resulta preocupante, pues por lo menos en 16 de los 32 departamentos del país hay alertas prendidas sobre la posible destinación irregular de los recursos para atender la pandemia.

Sobrecostos, contratos a dedo, selección de contratistas que no tienen experiencia para la labor para la que fueron contratados y compras innecesarias son solo algunas de las modalidades en las que se pierden los recursos que deberían estar destinados a la atención de la salud de los colombianos.

Aunque se trata de investigaciones que aún están en curso sí dejan en evidencia posibles malos manejos que ya dieron lugar a la apertura de investigaciones disciplinarias, penales y fiscales contra varios alcaldes y gobernadores.

En alimentación

Colombia está sumergida en una grave crisis alimentaria, porque muchos ciudadanos que viven del rebusque y trabajos informales, o bien se han quedado sin empleo, o no han podido salir a ganar un sustento para evitar un posible contagio.

Esta situación ha generado en más de una ocasión que los colombianos no tengan un alimento en sus mesas, por lo que los gobiernos han puesto en marcha planes para mitigar este flagelo. Sin embargo, estos contratos se han convertido fuentes de irregularidades.

Llama la atención del reporte que existen sobrecostos en los kits alimentarios, que las entidades territoriales hacen convenios con organismos que no tienen domicilio en su municipalidad, o que sencillamente no cuentan con experiencia en la actividad económica relacionada con el suministro de productos de la canasta familiar.  

En Malambo (Atlántico), la alcaldía, celebró un convenio en el que se comprometían a adquirir y entregar a la población vulnerables kits de mercados. Con lo que no contaban era que las ‘ías’ tenían la lupa puesta y hallarían irregularidades en el contrato celebrado por 4.000 millones de pesos.  

En Sincelejo (Sucre), la situación es similar, el alcalde celebró dos contratos por más de 1.000 millones de pesos, donde se comprometían a entregar kits alimentarios a la población vulnerable. En este caso, el convenio fue directamente con las sociedades de Abastos y Fruver dado que buscaban entregar abarrotes y fruta a la comunidad. El detrimento en este convenio sería de más de $900 millones.

En salud

En este caso, las irregularidades encontradas incluyen desde incrementos desbordados en los precios de los elementos de protección hasta obligar a los habitantes de un municipio a diligenciar un formato en el que aceptaban no ser atendidos en un centro de salud en caso de contagio.

La lupa la pusieron los órganos de control en la Gobernación del Valle del Cauca, donde hallaron sobrecostos en un contrato que tenía como objeto suministrar 400 mil tapabocas N95, 50 mil caretas de protección, 300 mil tapabocas tres capas, 54 mil polainas desechables, 50 mil batas antifluido y 100 camas hospitalarias con la empresa, por un valor de superior a los $15.132 millones.

Pero los sobrecostos en los tapabocas no son la única preocupación, millonarios contratos para adquirir ambulancias también hacen parte de la revista que están pasando.

El convenio de las ambulancias fue celebrado por la Gobernación de Putumayo y, al parecer, este pacto careció de planeación para adquirir los 10 automotores que superan los $3.460 millones de pesos.

Si bien el tema monetario llama la atención de los entes, en el sector salud investigan un hecho sin precedentes. En Caquetá, la administración de Doncello habría adoptado medidas extremas para evitar que las personas salieran a la calle y resultar contagiados.

Se trata de un formulario que le hicieron diligenciar a los lugareños indicando que si se llegaban a contagiar renunciaban a su derecho a la salud y a ser atendidos en un centro asistencial. Con la firma los ciudadanos autorizaban también la aplicación de la eutanasia en caso extremo. 

Eventos irregulares en publicidad 

Lo lógico sería que en esta época de pandemia, los organismos de control encontraran centenares de contratos destinados a la compra de alimentos y elementos relacionados con la atención de salud, pero también se hallaron un buen número destinados a la contratación de publicidad en medio de la pandemia.

En esta materia, Chocó, Caldas y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, parecen no salir bien librados. Inicialmente, en Quibdó se firmó un contrato que tenía como objeto la elaboración de una campaña de publicidad para la promoción y prevención del contagio de la COVID-19. Este convenio se celebró por $118 millones.

Lo que los órganos de control señalaron es que tales recursos destinados para evitar la propagación no deberían ser gastados en una campaña de publicidad, dado que las necesidades de dotar con elementos de protección, entre otras situaciones, eran más imperiosas que la que convinieron.

En Quindío, por su parte, el convenio se celebró el 2 de abril, con el canal de televisión Telecafé por $470 millones, y tenía como finalidad la prestación de servicios como central de medios, actividades como agencia de publicidad, desarrollo de estrategias de comunicación y operador logístico de eventos.

En este caso, las ‘ías’ buscan determinar si se presentaron posibles sobrecostos y si el objeto pactado tenía incidencia directa con la mitigación de la emergencia económica y sanitaria con ocasión de la pandemia.

En el ojo del huracán también está el contrato celebrado por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República con la firma Du Brands S.A.S, en el que, según el objeto contractual, se buscaba posicionar la imagen del presidente Iván Duque. Lo que llamó la atención de la Procuraduría fue que fue firmado en medio de la pandemia, por un valor que supera los $3.000 millones.