Se volvió ‘pan de cada día’ ver en estrados judiciales, por hechos de corrupción, a funcionarios públicos de La Guajira, uno de los departamentos que más necesita de la inversión eficaz de los recursos públicos, para superar dificultades en salud, educación y vivienda.

Porque, como ha sido bien conocido, sus líderes electos no han mediado por las necesidades de la población guajira. Al contrario, esta ha visto cómo los recursos públicos que debían ser invertidos en mejoras para su calidad de vida, han sido despilfarrados y han terminado en otros intereses, lo que hace que la crisis del departamento se ahonde, en lugar de mejorar.

El Gobierno Nacional transfiere a La Guajira cerca de $785.000 millones en regalías anuales, las cuales se dividen en $513.000 millones para educación, $56.000 millones para agua y $ 216.000 millones en salud.

Pero en el último informe de la Contraloría se revelaron hallazgos fiscales por $31.150 millones en el manejo de regalías en La Guajira. También se informó que el 78,2 % de los contratos financiados con estos recursos fueron adjudicados en licitaciones públicas con un único ofertante.

Además de las licitaciones con un ofertante, señala la Contraloría, la contratación directa, en el 85,2 % de los casos, también se realiza sin pluralidad (termina siendo para las mismas personas en cada municipio). Los porcentajes más altos de estos comportamientos están en los municipios de El Molino (100 %), Fonseca (87,7 %) y Hatonuevo (82,4 %), “a pesar de que hay suficientes posibilidades para que exista más variedad en los elegidos para ejecutar los proyectos”, dice el informe.

La Contraloría ha encontrado otras cifras alarmantes, como que en los últimos 30 años el departamento ha recibido unos tres mil millones de dólares en regalías. Ante ese dato el presidente de la República cuestionó en público: “¿En dónde está esa plata? No se encuentra dónde se invirtió”.

De lejos, La Guajira es el departamento en donde más se pierden dineros de regalías. En el segundo semestre de 2015 hubo un presunto detrimento patrimonial de 19.868 millones de pesos. En ese lapso, fue seguido por Cesar, con pérdidas de 4417 millones, y por Bolívar, con 2053 millones de pesos.

Este oscuro panorama hizo que el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) decidiera esta semana suspender los giros al departamento para salud, educación y agua, recursos que alcanzaran los 520 mil millones de pesos. También se decidió que el pago de servicios públicos no se recibirá en efectivo.

Los ministerios de Salud, Educación y Vivienda se encargarán de administrar los dineros del departamento mediante tres designados, que nombró el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas: para Educación, José Martín Hincapié; para Salud, Luz María Castañeda, y para Agua, José Antonio Manjarrez.

Las siguientes son algunas de las causas para que La Guajira llegue a su crisis actual y para que el Gobierno haya tomado las decisiones recientes.

La 'inversión' en agua

El departamento no cuenta con agua apta para consumo humano y en sus municipios el servicio no se presta por más de diez horas al día. Además, el 85 % del agua que se entrega es una pérdida técnica y comercial. Por eso es necesario intervenir los recursos y los saldos disponibles en planes departamentales de agua. Solo en la construcción del acueducto y alcantarillado del corregimiento Camarones, en Riohacha, se perdieron 10.858 millones de pesos. La obra no está operando, porque nunca obtuvo los permisos ambientales requeridos y la calidad del agua no es apta para el consumo humano. El departamento no ha ejecutado las transferencias para agua de las vigencias del 2010 al 2015 por cerca de $39.101 millones, pese a las grandes necesidades. Y se encuentran suspendidos 17 proyectos de agua por que la Gobernación o las alcaldías no han nombrado interventorías. La región cuenta con recursos superiores a los USD$50 millones para proyectos de agua y saneamiento básico, de los cuales apenas se ha ejecutado una tercera parte durante 10 años. La inversión en agua potable y saneamiento básico es de apenas del 9 %, es decir de $84,2 mil millones.

La 'inversión' en salud

LA ‘INVERSIÓN’ EN SALUD Se identificó que el departamento está incumpliendo con el plan de acción previsto. Eso significa que no solo hay más de 27 procesos sin defensa judicial, sino que se ha venido incrementando el déficit en recobro y pago del No POS (Plan Obligatorio de Salud) y del régimen subsidiado. El presidente Santos anunció que se suspenden los giros, que se acercan a los 22 mil millones de pesos, que pasan al Ministerio de Salud. El jefe de ese despacho, Alejando Gaviria, aclaró que los recursos que manejarán son específicamente los de salud pública y los de oferta, que son los servicios que se pagan para las tecnologías del No POS. Según un informe de la Contraloría sobre el año 2016, durante el segundo semestre la inversión apenas fue cercana al 7 %; es decir, de $63,5 mil millones.

La 'inversión' en educación

Por malos manejos de regalías, en La Guajira se perdieron 4547 millones de pesos. Ese monto está relacionado con un contrato para la interventoría técnica administrativa y financiera en proyectos de cobertura educativa. La ministra de Educación, Yaneth Giha, señaló que hay tres problemas principales: 15 mil niños no están matriculados; inconsistencias en los informes financieros, y gastos administrativos por encima de lo autorizado. Para justificar la decisión de no girar los cerca de 480 mil millones para Educación, sino dárselos al Ministerio, el Gobierno Nacional informó que se superó el tope de lo autorizado para gastos administrativos y que no se reporta la ejecución de recursos para internados, además de otras irregularidades.